El alquiler de habitaciones se encarece más que la vivienda y ya absorbe un 25% de la renta de los jóvenes

En abril de 2024, durante un mitin en San Sebastián antes de las elecciones vascas, el presidente Pedro Sánchez aseguró que esta sería «la legislatura de la vivienda». Lo ha sido, porque si por aquel entonces el Banco de España cifraba el déficit de casas en nuestro país en unas 600.000 unidades, en su última revisión elevó esa carestía hasta las 755.000 y avisó de que para 2028 la cifra habrá alcanzado el millón.

«Lo que representa hoy un sueño irrealizable será una realidad palpable»; esta es otra de las promesas que dejó caer Sánchez ese día, y también esta ha resistido mal el paso del tiempo. Dos años más tarde, lo que es una realidad palpable es que los españoles ya dedican el 39% de su renta a pagar el alquiler y que la vivienda se ha encarecido un 50% desde que en 2018 el PSOE desalojara al PP de la Moncloa.

Puede tomarse cualquier estadística que se quiera para medir el desempeño del actual Ejecutivo en cuanto a política residencial y el resultado es siempre el mismo. Sin embargo, entre el sinfín de factores medibles, uno de los menos atendidos y quizá más reveladores es la evolución del mercado del alquiler de habitaciones, pues lo cierto es que en los últimos cinco años se ha disparado hasta el punto de convertirse en mayoritario entre los jóvenes; así, lo que en teoría debiera ser excepcional ha devenido en la norma.

A falta de estadísticas oficiales que analicen el fenómeno –ni el Instituto Nacional de Estadística ni el Ministerio de Vivienda las ofrecen–, una buena base de datos son los portales inmobiliarios. Según un reciente informe publicado por iAhorro, la oferta de habitaciones ha aumentado un 20% en los últimos dos años y un 85,4% desde 2022, tanto es así que ya es la opción preferida —o la única salida— de ocho de cada diez jóvenes emancipados.

Esto se ha notado en los precios, pues en 2025 arrendar una estancia en nuestro país costaba de media 521 euros mensuales, cuando hace apenas diez años la media estaba en 265 euros. Se trata de un encarecimiento del 100%, más o menos similar al que ha sufrido el alquiler tradicional (de pisos completos) en el mismo período.

Sin embargo, si el análisis se hace desde 2018, se descubre un mayor dinamismo en el mercado de los inmuebles compartidos que en el arrendamiento generalista; en el primer caso, el precio medio en este tiempo ha subido un 59%, mientras que en el segundo lo ha hecho un 37% (datos de Idealista), algo más de la mitad.

Para calibrar lo que esto supone, baste recordar que esos 521 euros mensuales equivalen a un 25% del salario bruto de los jóvenes españoles de entre 25 y 29 años, que según la última estadística de la Seguridad Social (de marzo de 2026) se sitúa en 2.008 euros.

Si se toma el grupo de edad comprendido entre los 30 y los 34 años, la base de cotización media es de 2.336 euros, lo que equivale a decir que estos gastan un 22% de sus ingresos en pagar un piso compartido; de nuevo, se trata de salarios brutos, así que hay que suponer que el porcentaje real de esfuerzo en vivienda puede ser mucho mayor en algunos casos.

Este repaso debe circunscribirse necesariamente a los jóvenes porque ellos son los que más recurren a esta fórmula residencial. Tampoco sobre esto hay datos oficiales, pero el último informe del Consejo de la Juventud de España (CJE) —una plataforma que agrupa a las entidades juveniles a nivel estatal— estima que el 87% de la juventud (hasta los 34 años) emancipada comparte piso.

No hace falta explicar por qué los jóvenes recurren al alquiler de estancias. Con el arrendamiento de una casa completa por encima de los 1.200 euros de media a nivel nacional y 1.600 euros en Barcelona y Madrid, un joven cualquiera debería gastar prácticamente el 100% de sus ingresos en las facturas de alquiler.

Como ya se ha avanzado, incluso compartir piso requiere un esfuerzo sensacional, uno que desde el CJE fijan en el 33% de los ingresos medios. Se trata de un porcentaje alarmante y que supera el umbral de cualquier límite de asequibilidad que fijan los organismos internacionales; y hay que tener en cuenta que estos organismos calculan lo que debería costar la vivienda en una sociedad financieramente sana a partir del precio medio de los inmuebles enteros, no de sus habitaciones por separado.