Almeida ejercería «todos los caminos legales» si el Gobierno no les permite utilizar el superávit

El Ayuntamiento de Madrid lo tiene claro: ejercería «todos los caminos y cauces legales» si el Gobierno de la Nación pretendiera ‘adueñarse’ de su superávit, ha contestado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, a una pregunta en este sentido formulada por el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en el Pleno de Cibeles, donde el edil ha apostillado que, de adoptarse, sería una medida «manifiestamente inconstitucional».

Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital envió una carta al Ministerio de Hacienda reclamando el uso de los 420 millones de euros de remanente para afrontar las consecuencias de la Covid-19 pero «no ha habido ninguna respuesta del Gobierno de la Nación».

«No podemos esperar ni un día más»

«En el Ayuntamiento no podemos esperar ni un día más. La pregunta es a qué espera el Gobierno  para liberar a los ayuntamientos de la situación de asfixia económica a la que nos está condenando», ha exclamado recordando que no es una reivindicación suya sino de alcaldes de todos los colores políticos, desde Barcelona a Valencia o Zaragoza.

Mientras, Ortega Smith,  ha puesto sobre la mesa que de los 310 millones de euros para Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), el Gobierno solo ha autorizado 70 millones al Ayuntamiento que preside Almeida. El Consistorio pone además encima de la mesa 420 millones procedentes del remanente para afrontar las consecuencias de la crisis del coronavirus y que, según el Gobierno de la Nación y si no lo modifica, se tienen que destinar a amortización anticipada de deuda. En este punto, el alcalde ha puntualizado que cancelar de manera adelantada la deuda genera una comisión de 36 millones de euros.

Ortega Smith pone en duda al Gobierno 

Ortega Smith, en definitiva, ha planteado sus sospechas de que «el Gobierno de Pedro Sánchez va a querer apropiarse del dinero del Ayuntamiento de manera indirecta para pagar, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que no es una competencia municipal». El alcalde, a su vez, ha insistido en que lo que plantean los ayuntamientos es poder emplear el dinero ahorrado por la ciudadanía.

Desde Vox el concejal Pedro Fernández también ha instado a reducir la Administración eliminando áreas delegadas y con una auditoría urgente para determinar qué alquileres de instalaciones municipales son prescindibles. Y todo ello sin olvidarse de las que ha
denominado «subvenciones improductivas».