Los afectados del Popular reclaman que Europa entregue el informe de Deloitte sobre el banco

Los afectados por la desaparición del Banco Popular han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional instando al juez Fernando Andreu a que reclame a Europa el informe de la consultora Deloitte sobre la entidad.

Dicho informe fue encargado por la Junta Única de Resolución (JUR) de Europa y su principal conclusión fue que el banco tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones de euros. La operación de resolución de la entidad fue decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB e implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.

La OCU y el abogado Felipe Izquierdo presentaron el pasado 9 de junio una querella contra la cúpula del Banco Popular, encabezada por su expresidente Ángel Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la firma auditora PwC y el socio firmante, Francisco Barrios, por «falsedad contable y estafa a los inversores».

Un mes después, aún no se ha emitido ningún auto judicial sobre su admisión a trámite, no obstante, las fuentes consultadas no descartan que pudiera resolverse «en los próximos días o incluso en las próximas horas», después de que informe la Fiscalía.

Los afectados del Banco Popular recuerdan en su escrito que la Presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elena König, declaró el pasado lunes públicamente que «no hará público el informe elaborado por Deloitte que sirvió de base a la JUR para tomar la decisión el pasado día 7 de junio de adjudicar el Banco Popular al Banco Santander por el precio de 1 euro». König descartó su publicación alegando que contiene “información confidencial”.

Los querellantes afirman que la decisión de la Sra. König «atenta contra los más elementales derechos fundamentales de los más de 350.000 afectados por la expropiación y expolio a la que se vieron sometidos la noche del 6 de junio pasado. El informe de Deloitte es la pieza clave sobre la que gira la decisión expropiatoria y eso se quiere ocultar a los damnificados, en una maniobra que ni el propio Presidente de Venezuela, se atrevería a efectuar».

Por ello, concluye el escrito, solicitan «como prueba más documental y una vez admitida la querella a trámite, que se requiera a la entidad Deloitte a fin de que en un plazo de 5 días aporte a las actuaciones el informe íntegro presentado a la Junta Única de Resolución (JUR) atinente al Banco Popular».

La Organización de Consumidores y Usuarios representa a los más de 9.500 pequeños accionistas que han acudido a ellos tras conocer que la totalidad de su inversión marca 0 en el contador, según informaba la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu. En total, el Popular contaba con 305.000 pequeños accionistas en el momento de su intervención.