Abertis eleva a casi 3.000 millones su reclamación al Estado por la autopista AP-7
Abertis cifra en 2.951 millones de euros el importe que reclama al Estado por las inversiones y los descuentos del peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en función de un acuerdo alcanzado en 2006 con el Gobierno y aprobado entonces por Real Decreto.
De este importe, 890 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 2.061 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.
El Ministerio de Fomento deberá abonar la primera de estas cuantías en 2021, esto es, cuando concluya el plazo de concesión de la autopista, que explota los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.
En cuanto a la cantidad relacionada con el tráfico, su pago en ese mismo año está pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo y el contencioso que Abertis y Fomento mantienen por esta cuantía desde 2011.
A comienzos de 2017, Abertis logró una sentencia favorable sobre este pago por parte del Tribunal Superior de Justifica de Madrid, si bien el Departamento que dirige Íñigo de la Serna recurrió el fallo ante el Alto Tribunal.
En caso de que el Supremo ratifique al juez de Madrid y dicte sentencia a favor de Abertis, el Estado tendría que abonar al grupo en 2021 el importe que corresponda entonces, dado que las dos cuantías van incrementándose cada año.
En su informe anual, Abertis indica que el Supremo tenía fijado la fecha del pasado 6 de febrero para votar y fallar el recurso, si bien el fallo aún no se ha comunicado.
No obstante, la compañía asegura que «mantiene, con más convicción si cabe, la solidez de los argumentos jurídicos, basados en el propio convenio que la Administración concedente y la concesionaria firmaron por razones de interés general», según indica su informe.
El importe de la reclamación se va incrementando cada año al cierre de 2017 se situaba en 2.603 millones de euros, con lo que en 2018 se ha incrementado en un 13,3%.
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