El 50,5% de los españoles ve justificada la marcha de Ferrovial y el 52,7% rechaza el ataque de Sánchez
Hasta un 21,5% de votantes del PSOE comparte la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos
El matonismo del Gobierno contra Ferrovial refuerza su decisión de trasladar la sede fuera de España
El Gobierno sale en tromba contra Ferrovial porque su marcha deja en evidencia las políticas de Sánchez
La mayoría de españoles entiende la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. Una medida que ha desatado una brutal ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra la multinacional de la construcción y, especialmente, contra su presidente, Rafael del Pino. Un 50,5% de los encuestados considera que la posición de Ferrovial está justificada, pues atiende a los intereses de sus accionistas y reprocha además que con el Gobierno de Pedro Sánchez ha disminuido la seguridad jurídica. Por el contrario, un 41,4% considera que la decisión es equivocada por «antipatriota» y negativa para los intereses de España.
Así lo revela la encuesta de Data10 para OKDIARIO, que recoge que el sentir de los españoles se decanta de forma mayoritaria por la empresa y no por el Gobierno. El movimiento de este gigante del Ibex 35 ha dejado en evidencia las políticas de Sánchez, tanto la fiscal -con subidas constantes de impuestos- como el ataque a los empresarios, a quienes el Ejecutivo señala como chivos expiatorios de la crisis económica.
El estudio revela las diferencias de opinión entre los distintos partidos. Así, el 84,2% de los votantes del PP, el 85,9% de los de Vox y el 82,8% de los de Ciudadanos respaldan la posición de Ferrovial. Una decisión que comparte, incluso, hasta un 21,5% de votantes del PSOE.
Los españoles también se muestran críticos con el ataque del Gobierno a la compañía. Un 52,7% considera que la reacción es desproporcionada y favorecerá además que otras empresas hagan lo mismo, dificultando así atraer inversiones a España. El 37,2% sostiene que esa posición es adecuada, pues defiende a los españoles frente a los intereses de los grandes empresarios.
De nuevo, las opiniones varían entre los votantes de las diferentes formaciones. Así, el 84,7% de votantes del PP y el 87,1% de los de Vox rechaza el comportamiento del Gobierno, frente al 65,5% de votantes del PSOE y el 74,5% de Podemos que la justifica. No obstante, cabe destacar que hasta un 23,8% de votantes socialistas condena la ofensiva del Ejecutivo y alerta de sus consecuencias.
Ofensiva
La decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos, por oportunidad empresarial, ha provocado un terremoto en el Gobierno. Distintos ministros, encabezados por el propio Sánchez, han salido en tromba en los últimos días contra la multinacional y, particularmente, contra su presidente, Rafael Del Pino. El líder socialista ha encabezado esta ofensiva, llegando a afirmar que el empresario es «un antipatriota más preocupado de su patrimonio» que del interés general de los españoles. Desde Podemos, la ministra de Derechos Sociales y líder de este partido, Ione Belarra, ha calificado a la empresa de «pirata» y le ha exigido que devuelva todo el dinero que «le han dado los españoles» en los últimos años.
Ferrovial pagó 282 millones de euros en impuestos en España el año pasado, y el impacto de la decisión será de apenas el 2%. Además, lo cierto es que Del Pino, tercera fortuna de España, no tiene intención de mover su residencia fiscal, por lo que abonará el impuesto de las grandes fortunas impuesto por el Ejecutivo socialcomunista.
Según ha explicado la empresa, el motivo de este cambio es que el 82% de los ingresos de 2022 provinieron del negocio internacional, y que sus posibilidades de crecimiento se prevén principalmente en los mercados extranjeros. Tras la decisión está, además, la mayor seguridad jurídica en ese país.
El Gobierno maniobra ahora para frenar la operación empresarial. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha adelantado que están analizando si se puede actuar dentro del «marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos» establecido por la crisis. Se trata de ver si «se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario».
Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya avanzó que, junto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estudiarán si tiene «sustancia» el argumento de Ferrovial para su traslado.
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