Así es Roger Torrent, el ex presidente del Parlament que no quiere banderas españolas en Montmeló

Roger Torrent es el presidente del Circuito de Barcelona-Cataluña. En 2021, la Generalitat optó por otorgar dicho puesto al político español, que sustituyó al anterior responsable de la instalación deportiva, Ramón Tremosa. Dos años después, y en plena celebración del Gran Premio de España, es el máximo responsable de que se hayan retirado banderas españolas del recorrido de Montmeló.

Torrent, de 43 años y nacido en la localidad catalana de Sarriá de Ter, fue presidente del Parlamento de Cataluña entre los años 2018 y 2021. El político es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. De profesión técnico urbanista, estuvo desde bien joven vinculado a la política municipal.

En 1999 fue nombrado concejal en el Ayuntamiento de su pueblo natal, y en 2007 se le escogió como alcalde, un puesto que ostentó hasta 2018. Ese año, aceptó el cargo de presidente del Parlamento catalán y, seis años antes, estuvo en cabeza de la lista electoral de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en la localidad de de Girona para las elecciones al Parlamento, y le sirvieron para obtener el acta de diputado.

Además de diputado en el Parlamento, fue portavoz adjunto al grupo parlamentario de Junts pel Sí y portavoz económico en la cámara del mismo. También perteneció a la Comisión de Empresa y Ocupación y fue partícipe de las ponencias de los proyectos de ley y cooperativas, de modificación del Código de Consumo y del impuesto sobre las viviendas vacías.

En una entrevista concedida a Sport el pasado mes de octubre habló del plan económico que tenía previsto para el circuito catalán. «El circuito necesita una modernización y para ello hay que invertir. Está previsto invertir 30 millones de euros hasta el 2024. Se han hecho ya por valor de 5 durante el 2022, se prevé que las actuaciones del 2023 serán de unos 17 millones, de los cuales 5 irán en obras destinadas a la sostenibilidad y a la eficiente energética y, finalmente, 9 millones más en el 2024 para tratar de hacerlo más competitivo en términos económicos», afirmó.

«La mayoría es consciente de los beneficios que comporta una instalación como ésta para el país. Es verdad que no genera beneficios económicos directos, pero el impacto económico y social es muy grande, beneficiándose el conjunto del país. La idea es incrementar más este impacto económico positivo que ya supera los 200 millones y para ello hay que generar actividades que nos permitan tener más ingresos directos y así poder reducir la aportación pública», sentenció Torrent.