La acusación pide la entrada en prisión de Santi Mina ante sus intentos por fichar por la Sampdoria

Santi Mina sigue con sus problemas con la justicia. El ex delantero del Celta de Vigo, que ha visto como se ha quedado sin equipo en este mercado de fichajes, ha conocido como la acusación particular ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la «inmediata» entrada en prisión o, de forma subsidiaria, la retirada cautelar del pasaporte para el futbolista ya que considera que su «búsqueda activa de trabajo fuera del país» aumenta «de manera exponencial el riesgo de fuga» de cara al cumplimiento de la pena de cuatro años de prisión a la que está condenado por abuso sexual.

El escrito, elevado al TSJA por el abogado de la víctima el pasado día 7, traslada que existe constancia de que el «condenado ha pretendido nuevamente marcharse del país con aparentes motivos laborales», pero «sin informar al tribunal en ningún momento» y «teniendo noticias de ellos única y exclusivamente por los medios de prensa».

Añade que, a pesar de «reiterar la defensa la supuesta plena disposición a la justicia» por parte del futbolista, ha intentado, «como ya hiciera el año pasado con su desplazamiento hasta Arabia Saudí» para jugar cedido en el equipo Al Shabab, «formalizar contrato de trabajo en el extranjero» y afea que, «como siempre», haya omitido «cualquier información al respecto».

El escrito, consultado por Europa Press, remarca que ya se cursó la misma petición al tribunal el 9 de agosto y que, aún sin resolver y a la espera de que se aclare la sentencia del TSJA que confirmó la condena, Santi Mina ha querido fichar por el equipo de fútbol de la Sampdoria, en la liga italiana.

«Su salida del país no se ha frustrado debido a la voluntad del condenado, sino que el fichaje se ha frustrado por las quejas de los aficionados del club italiano en atención a los antecedentes y el delito perpetrado», subraya el letrado Iván Bolaño, quien aporta como documental reseñas de la prensa deportiva.

Para la acusación particular, el futbolista «sigue en la búsqueda de trabajo fuera del país para tener un motivo y abandonar» España, lo que «aumenta exponencialmente el riesgo de fuga y de incumplimiento de la condena impuesta». Interesa, así, al TSJA que se señale comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la entrada en prisión o, subsidiariamente, la retirada del pasaporte.

«Trato de favor»

En su primer escrito, el abogado de la víctima alegó que, dado que la condena a cuatro años de prisión de la Audiencia Provincial de Almería ha sido ratificada por una instancia superior, cabe la entrada en prisión de «obligado cumplimiento». Argumentó, asimismo, que Mina «no tiene, en la actualidad, vínculos labores o profesionales que lo aten a España» después de ser despedido por el RC Celta y su «indiscutible capacidad económica», lo que le «habilitaría establecerse sin problemas en cualquier país del mundo».

No obstante, planteó como medidas cautelares subsidiarias limitar la libertad provisional con la obligación de que acuda «semanalmente» al tribunal o la retirada del pasaporte «junto con la expresa prohibición de la salida del país» para, así, «no seguir tolerando un trato de favor y, por tanto, discriminatorio» respecto al futbolista.

Por otro lado, el alto tribunal andaluz debe pronunciarse sobre la aclaración de sentencia que ha solicitado la defensa de Santi Mina para subsanar «las omisiones y defectos» en los que, a su juicio, incurre el fallo y que desgrana en su escrito en siete puntos. La acusación se ha opuesto ya que señala que la abogada del futbolista vigués actúa con una «palmaria, evidente, fraudulenta y acreditada intencionalidad dilatoria» de la ejecución del fallo, sobre el que ha anunciado un recurso de casación al Tribunal Supremo (TS).

La sección de apelación de la Sala Civil y Penal del TSJA confirmó en julio la sentencia de la Audiencia de Almería por la que condenó al futbolista Santi Mina a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual, si bien estimó en parte el recurso impulsado por la defensa del acusado y rebaja la indemnización de 50.000 a 25.000 euros por el daño moral causado a la víctima.