Los autores audiovisuales reivindican en Cannes una remuneración justa por el uso de sus obras

Las organizaciones que representan a los autores del sector audiovisual han presentado este lunes en el marco del Festival Internacional de Cine de Cannes un estudio mundial que aboga por la introducción de reformas legales que permitan que los guionistas y directores de cine reciban una remuneración por el uso de sus obras, según ha informado la SGAE en un comunicado.

Este estudio, encargado por la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y Writers & Directors Worldwide (W&DW), cuenta con el respaldo de la Sociedad de Autores Audiovisuales (SAA), que lidera los esfuerzos para que se modifique la legislación de la Unión Europea, reforzados por una declaración elaborada por 126 célebres guionistas y directores de toda Europa además de una petición online firmada por más de 15.000 personas de más de 100 países.

Redactado por Raquel Xalabarder, experta en derecho de autor y Catedrática de Propiedad Intelectual de la Universitat Oberta de Catalunya, este trabajo recomienda un marco jurídico internacional que introduzca «un derecho de remuneración irrenunciable e inalienable para los autores audiovisuales».

Además, agrega que esta solución jurídica «beneficiaría a todas las partes interesadas sin afectar la explotación comercial por parte del productor». Asimismo, destaca que el marco propuesto cumple las obligaciones internacionales y de la Unión Europea en materia del derecho de autor.

Los autores destacan que este estudio ofrece un proyecto legislativo «claro» para que los responsables de la toma de decisiones garanticen un «beneficio equitativo» a todos los autores audiovisuales, independientemente de su país de origen o de la producción audiovisual.

Según recuerda la SGAE, en numerosos países, la ley no contempla este derecho de los creadores y, por lo tanto, no pueden participar del éxito comercial de sus películas y programas de televisión. Además, incluso tienen que ceder sus derechos a los productores, frente a los que tienen «muy poco o ningún poder de negociación».