Vox llama a adoptar medidas contra la ‘okupación’ en Alicante de la mano de las juntas de distrito

Vox Alicante
En primer término, el concejal portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante Mario Ortolá.
Ignacio Martínez

Vox quiere que el Ayuntamiento de Alicante, los profesionales del sector de la Vivienda, las fuerzas de seguridad y las Juntas de Distrito participen en un foro que genere medidas contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas y sus consecuencias. Considera que se trata de un problema muy grave y que afecta tanto a zonas deprimidas urbanas como al centro de las ciudades y las áreas residenciales. Por ello, el concejal portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Alicante Mario Ortolá ha presentado una moción en la que reclama que el Pleno municipal acuerde la creación de una comisión no permanente para adoptar medidas que acaben con la ‘okupación’ y sus consecuencias.

Además, sostiene Ortolá que esa comisión debe contar también con la participación, con voz pero sin voto, de representantes de las 5 juntas de distrito de la ciudad así como de un representante del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, un representante de la Consejería de Vivienda del Gobierno valenciano, un representante de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional y un representante de la Policía Local.

Según la propuesta de Vox, esa comisión debería convocarse en un plazo no superior a 15 días y tener un carácter indefinido hasta la elaboración y aprobación de un informe con una propuesta de medidas a adoptar por la Junta de Gobierno Local de Alicante, y que sus sesiones sean públicas.

Con esta iniciativa, Vox pretende poner freno al avance de lo que considera la principal amenaza contra la propiedad privada y a los problemas y penalidades que los propietarios de vivienda deben pasar cuando son víctimas de la ‘okupación’. Considera Vox además insuficientes las medidas que contempla el Código Penal y sostiene que el procedimiento de desahucio se ve dificultado por la protección del que viola la ley, contraviniendo, dice, la debida protección de quien se ve despojado del derecho al uso de propiedad.

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