Comunidad Valenciana
INMIGRACIÓN ILEGAL

Vox lanza un plan en Castellón para impedir legalizar inmigrantes ilegales con empadronamientos falsos

El plan incluye la denuncia anónima para informar al Ayuntamiento de empadronamientos irregulares

El portavoz y concejal de Seguridad de Vox en el Ayuntamiento de Castellón Antonio Ortolá ha lanzado una serie de medidas cuyo objetivo es impedir los empadronamientos falsos de inmigrantes ilegales en el municipio. Se trata de medidas «contundentes», según ha explicado Ortolá, que, además de combatir la inmigración ilegal lo hacen también frente a la okupación, que ya fue un grave problema en la anterior legislatura.

El objetivo de las medidas planteadas por Vox es el de comprobar la veracidad de la información proporcionada a los registros de empadronamiento. Y asegurar, de ese modo, que se cumple la legislación vigente en esta materia. El empadronamiento irregular, según ha manifestado Antonio Ortolá, se produce cuando alguien se empadrona en una vivienda y no vive en ella o cuando reside fuera de España y recibe ayudas sociales.

Las medidas en que Vox trabaja desde la citada concejalía pretenden ser aplicadas de forma sucesiva y en coordinación con otras áreas municipales. Y, entre ellas, se encuentran: controlar el padrón municipal para detectar fraudes, realizar inspecciones periódicas por parte de la Policía Local para verificar si los empadronamientos son o no legales y que los ciudadanos puedan denunciar de forma anónima al Ayuntamiento para informar así al Consistorio de los posibles casos, tanto de empadronamientos ilegales como de la okupación de viviendas.

Tanto la comprobación de la información proporcionada en los registros de empadronamiento como asegurar el cumplimiento de la legislación vigente forman parte del acuerdo de gobernabilidad para el municipio alcanzado por Vox con el PP al inicio de la legislatura.

En concreto, el 12 y el 13. El 12, es el del «establecimiento de medidas reguladoras del empadronamiento de la inmigración irregular, tendentes a lograr la certeza y veracidad de los empadronamientos, de forma que sean reales y no ficticios».

Y, el 13, señala: «Establecimiento de medidas de aseguramiento de que el objeto, fines sociales de asociaciones solicitantes de ayuda y subvenciones municipales relacionadas con la inmigración tiene como destino final preceptores inmigrantes en situación de acreditada legalidad, o tenga como objeto la regularización inmediata de los mismos».

La intención de Antonio Ortolá, conforme a la legislación vigente, es que en caso de que se detecten este tipo de fraudes el Consistorio pueda tomar las medidas oportunas y sancionar a los responsables. Además, se pretende también que la Policía Local efectúe registros de identidad para comprobar su veracidad. Siempre dentro de los límites de la legalidad y en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Además, se instará a las Administraciones a suspender cualquier ayuda social a quienes se encuentren ilegalmente en Castellón o cuyo empadronamiento sea irregular.