Los socialistas implicados en el caso ‘Azud’ se dejaban sobornar con cajas de vino y champán francés

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 15/06/2022 06:47
  • Actualizado: 15/06/2022 08:44

Los socialistas Rafael Rubio y José Luis Vera Llorens, implicados en el conocido como caso ‘Azud’, una trama de corrupción urbanística en Valencia, recibían en la sede del PSOE valenciano sobornos en forma de cajas de vino y de champán francés enviados por el empresario Jaime María Febrer Rovira, en representación de su empresa de construcción, Construcciones Valencia Constitución S.L.

Así consta en un auto de la magistrada del Juzgado número trece de Valencia Pepa Tarodo Ortí al que ha tenido acceso OKDIARIO y donde desgrana que tanto Rubio, que en el momento de su detención el año pasado era subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia y que ostentó el cargo de concejal portavoz del PSPV-PSOE y que fue candidato a la alcaldía en 2003, como Vera, abogado históricamente vinculado al PSPV-PSOE, recibían como «regalos de navidad» estas bebidas alcohólicas que el empresario mandaba a la Calle Blanquerías n° 4, donde tiene su sede el PSOE.

El auto explica que «la entrega de tal cantidad de vino» fue determinada por dos situaciones. En primer lugar, indica, «en septiembre de 2005 Rafael Rubio denunció a los medios de comunicación una operación urbanística en la que intervenía el Ayuntamiento de Valencia y la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L. que, según las informaciones, habría sido beneficiaria de unas plusvalías del 196 % en una operación en la que habría contado con una información privilegiada y en la que habría existido trato de favor por parte del Ayuntamiento de Valencia».

También, agrega la magistrada, «en la información se recogía que Rafael Rubio habría solicitado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a su entorno más próximo a lo que denominó ‘pelotazos urbanísticos’».

«Ello provocó que Jaime María Febrer convocara una reunión comida con los investigados Rafael Rubio, Pepe Cataluña (jefe de finanzas del PSOE) y José Luis Vera Llorens que se celebró el 21 de septiembre de 2005 y en la que se trató las informaciones dadas por Rubio», describe el auto, antes de incidir en que «lógicamente, Febrer no estaba dispuesto a que esta operación pudiera ser objeto de informaciones en prensa o de investigación en el ayuntamiento y la mejor opción era llegar a un pacto con ellos».

En segundo lugar, «porque la reunión que mantuvieron en fecha 15 de octubre de 2007 Mónica Montoro y José Vicente Sánchez Tarazaga, jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Valencia, se trató sobre, según parece de éste ‘el comportamiento extraño de Alfonso Grau por las prisas que mostraba en relación al asunto de las parcelas’ participándole a Mónica que una de las causas posibles podría ser la de que la Composición del Grupo Socialista en el pleno se había modificado y no había tanto apoyo a Rafa Rubio en su grupo».

Y, por último, apostilla la magistrada, «porque como portavoz del grupo municipal socialista no iba a llevar ningún control de las finanzas del Ayuntamiento, en concreto la vigilancia de lo sucedido con la deuda del Ayuntamiento y su reflejo contable».

El ‘caso Azud’ es uno de los 3 asuntos más graves que actualmente existen en la política valenciana a nivel judicial, junto a los casos que afectan a Francis Puig, el hermano del presidente autonómico Ximo Puig y el ‘caso Oltra’.

En el caso se investigan los presuntos pagos y cobros irregulares a cambio de supuestos favores urbanísticos. Inicialmente, en el entorno del Ayuntamiento Valencia, pero también hay otros municipios y comunidades supuestamente afectados. El principal imputado de la trama es el empresario Jaime Febrer, en cuya defensa participa el ex síndico socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo en el marco de este caso el pasado mes de mayo de 2021 subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; al ex teniente de alcalde que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau; a la hija de éste; al empresario Jaime María Febrer; al jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, así como a 10 personas más en la segunda fase policial del caso Azud, donde como principal investigado se encuentra el cuñado de Barberá, José María Corbín, y toda su familia, incluida la hermana de la ex alcaldesa de Valencia, Asunción Barberá.

Tras la detención, de la que informó en primicia OKDIARIO, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, emitió un comunicado para anunciar la destitución «inmediata» de su número dos y subdelegado en la provincia de Valencia, Rafael Rubio.