Los municipios valencianos podrán recaudar para sí las sanciones a viviendas turísticas incumplidoras

El Gobierno valenciano que preside el popular Carlos Mazón aprobará este viernes el nuevo decreto de regulación de las viviendas turísticas. Un texto revolucionario y vanguardista que, entre sus novedades, incluye la incentivación de los ayuntamientos para impulsar la inspección y concede autoridad a los propietarios de esas viviendas para garantizar el buen uso de las mismas. Así, los municipios valencianos podrán recaudar para sí las sanciones a viviendas turísticas incumplidoras. Y los propietarios podrán echar a los huéspedes molestos, que incumplan su código de conducta.

Al nuevo texto, se conoce ya como el Decreto Montes, porque ha sido elaborado desde la Consejería de Turismo que dirige Nuria Montes con el acuerdo del sector, los sindicatos, asociaciones y colectivos. Y es, de facto, un documento que marca una ruptura total con las anteriores normas turísticas del Ejecutivo de Ximo Puig, Compromís y Podemos.

Mazón ensalza el diálogo y el consenso

Carlos Mazón ha destacado el «diálogo y consenso» «con todos los actores implicados» para ordenar «con rigor, equilibrio y seguridad» las viviendas turísticas. Y, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, ha puesto el énfasis en que con la norma «avanzamos en seguridad, en control, en presencialidad, en convivencia» y, sobre todo: «Seguimos avanzando en turismo».

Para el presidente de la Generalitat, lo que el equipo de Nuria Montes «ha demostrado» es que con diálogo «con todo el sector, con esfuerzo, con generosidad, desarrollo sostenible no son dos palabras enfrentadas». Son dos palabras «sinónimas y que pueden ir caminando de la mano».

Los ayuntamientos podrán recaudar las sanciones

Del contenido de ese nuevo decreto, OKDIARIO ha venido adelantando una gran parte, como la prohibición de transmitir la autorización como vivienda turística con la venta de la propiedad, que originaba especulación.

De lo conocido este jueves hay dos cuestiones esenciales. Una, que el decreto otorga autonomía a los municipios para elegir su modelo de ciudad y limitar ese tipo de viviendas. Pero, además, que aquellos ayuntamientos que lo deseen no sólo podrán limitar ese tipo de viviendas, inspeccionarlas y multarlas, sino que también recaudarán para sí el importe de las sanciones, que también se va a endurecer.

Los huéspedes molestos serán expulsados

Y, la otra, que la Generalitat Valenciana habilitará mecanismos para que los propietarios de viviendas turísticas puedan expulsar a huéspedes molestos de las mismas.

Esta última norma se complementa con otra: para obtener la calificación de vivienda turística, los dueños tendrán que disponer de un certificado de que las comunidades de propietarios no han prohibido esa actividad cuando se pida la licencia.

En materia de seguridad, pero igualmente relacionado con la cuestión anterior, el decreto obliga a los propietarios a identificar a las personas que van a ser alojadas en sus viviendas turísticas. Y se incorpora un nuevo capítulo de infracciones. Además, los propietarios serán responsables subsidiarios respecto a las infracciones que comentan sus huéspedes, cosa que no ocurría hasta ahora.

Referencia catastral antes del 31 de diciembre

La nueva norma surge después del exponencial incremento de viviendas turísticas registradas en la Comunidad Valenciana desde 2015, cuando había 38.319, hasta ahora. En estos momentos las viviendas turísticas reguladas en la Comunidad Valenciana son 105.111. Es decir, que entre 2015 y 2023 se han incrementado en un 160,4%. Y, en ninguna anualidad, desde aquel 2015, han decrecido.

Ahora, como ya anticipó OKDIARIO, los propietarios de viviendas turísticas deberán comunicar la referencia catastral antes del 31 de diciembre. De lo contrario, causarán baja. Una norma que no es casual. Combatirá a aquellos que multiplicaban los pisos turísticos utilizando la referencia catastral de uno de ellos: por tanto, la respuesta a la economía sumergida en el sector.

Siguiendo el procedimiento de simplificación administrativa creado por la propia Generalitat Valenciana a través del Plan Simplifica, el nuevo decreto incluye que las declaraciones responsables tendrán que renovarse cada cinco años. Mazón y ha advertido que mentir en esa declaración responsable supone un delito de falsedad documental y que la inspección no va a esperar, sino que va a inspeccionar para detectar a los tramposos.