A juicio a un joven de 20 años por amenazar a Mazón con «la horca» en redes sociales: «La ataremos a tu cuello traidor»

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Pablo O. G., un joven nacido en 2005, acusado de injuriar gravemente al ex presidente valenciano Carlos Mazón a través de un mensaje publicado en la red social X. El escrito de acusación, formulado por la Fiscalía Provincial de Valencia y que desvela en exclusiva OKDIARIO, solicita para el encausado una pena de diez meses de multa con cuotas diarias de diez euros, además del pago de las costas procesales.

El caso tiene su origen en un mensaje que el joven, usuario activo de X con el perfil @OrtizoChorizo, publicó el 7 de abril de 2025. En él se dirigía al máximo mandatario autonómico con un vituperio de gran dureza: «Tú lo que eres es un sinvergüenza y un cabrón, 200 estudiantes estábamos esperándote fuera y tu sólo sabes llamar a la Policía a que te proteja. Eres un cobarde, lo fuiste el día 29 de octubre y lo eres ahora. La horca te espera y nosotros la ataremos a tu cuello traidor».

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos como constitutivos de «un delito de injurias contra autoridad del Código Penal», y ha considerado responsable al acusado «en concepto de autor», sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

La magistrada Nieves Molina firmó el pasado 18 de junio de 2026 el auto que da luz verde al proceso. En la resolución, fechada en Valencia, la jueza ha dispuesto que «se decreta la apertura del Juicio Oral y se tiene dirigida la acusación contra Pablo O. G.», y ha señalado como órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa al Juzgado de lo Penal.

El auto establece además que, en cuanto a la situación personal del acusado, se acuerda su libertad, y le emplaza a comparecer en un plazo de tres días con abogado y procurador, bajo apercibimiento de que, de no designarlos, se le nombrarán de oficio.

Para sostener la acusación, la Fiscalía ha propuesto como medios de prueba el interrogatorio del propio acusado, la declaración de una testigo, la directora general de Comunicación Digital de la Generalitat Valenciana y de dos agentes de la Policía Nacional, así como la lectura de capturas de pantalla de los mensajes publicados, el parte de intervención policial y la hoja de antecedentes penales del encausado.

Otros procesos paralizados

Según ha podido saberse de fuentes jurídicas, este no es el único procedimiento abierto por amenazas contra Carlos Mazón. Existen otras dos causas similares que hasta el momento no han prosperado con la misma celeridad.

La Abogacía de la Generalitat, que se ha adherido a la acusación del Ministerio Fiscal, como es habitual en este tipo de procedimientos, no dispone por el momento de información detallada sobre el estado de esas dos causas paralelas.

El asunto se enmarca en un contexto más amplio de litigiosidad en torno a la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, la riada que asoló buena parte de la provincia de Valencia. Precisamente esa fecha, la de la DANA, es la que el acusado invocó en su mensaje para reprochar al presidente su comportamiento durante la emergencia.

La propia magistrada del caso, Nuria Ruiz Tobarra, reconoció en un auto del 22 de abril de 2026 que Mazón no era responsable de la gestión de la emergencia, tras haber visto rechazada por unanimidad su petición de investigarle por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el 16 de marzo.

Además, sigue sin resolverse la queja presentada hace más de un año, el 14 de mayo de 2025, por la defensa de la ex consellera Salomé Pradas ante el Consejo General del Poder Judicial, en la que se denunciaban presuntas irregularidades e injerencias del magistrado Jorge Martínez Ribera, su marido, en la instrucción llevada por su esposa.

En ese clima de tensión judicial y política, el proceso contra este joven avanza con paso firme mientras otras causas de similar naturaleza permanecen varadas en los juzgados. El joven, que se enfrenta ahora a una multa de 3.000 euros por un mensaje de apenas unas líneas, deberá decidir en los próximos días si acude o no a declarar ante el Juzgado de lo Penal.

Su abogada tendrá que estudiar la estrategia de defensa, mientras el resto de causas ligadas al ex presidente autonómico siguen esperando, un año y medio después de la tragedia, resoluciones que no terminan de llegar.