La juez pide el expediente de la enajenación del suelo de las VPP del escándalo iniciada por el PSOE

La titular de la Plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, ha dictado este martes una providencia en la que, a instancia de la defensa de la ex directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, investigada en el denominado caso Les Naus, requiere a la corporación municipal que le remita dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela sobre la que se construyó la urbanización Les Naus, así como los antecedentes de la misma parcela, a partir del año 2016.

Es decir, a lo que se refiere Pérez-Hickman es a los expedientes primigenios, los del año 2016, justo tras fracasar la permuta con los terrenos del Obispado en el populoso barrio de Benalúa, también en Alicante. Y a partir del año en que el Gobierno del socialista Gabriel Echávarri inició el procedimiento de enajenación del suelo de la citada parcela. En concreto, cuando a instancias de la entonces edil de Hacienda, la también socialista Sofía Morales, se puso en marcha el expediente de enajenación del terreno.

La juez ha solicitado al ayuntamiento que le remita esa información antes del miércoles de la próxima semana, 20 de mayo. Porque esa es la fecha en que declararán la mayoría de los 15 investigados en la causa. Y, entre ellos, la citada María Pérez-Hickman o la ex concejal de Urbanismo, Rocío Gómez. Dos hijos y un sobrino de la primera de ellas obtuvieron una vivienda de protección pública cada uno en la urbanización Les Naus. Rocío Gómez también es adjudicataria de una vivienda en esa misma urbanización.

Además, a petición de la Fiscalía, la instructora requiere con urgencia al Ayuntamiento de Alicante que le remita el expediente completo y otros documentos relativos a la licitación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie sobre la que se levantó Les Naus.

La magistrada ha solicitado también a la cooperativa que construyó la urbanización citada la remisión del acta de constitución, fechada en junio de 2018. También reclama de su junta general, de su patronato o consejo rector el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.