La juez de la DANA pone por primera vez el foco en las agencias del Gobierno de España Júcar y AEMET

Por primera vez desde que arrancó la investigación, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha puesto el foco acerca de lo acaecido este 29 de octubre, el conocido como día de la DANA, en dos agencias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. En concreto, en la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, se desprende del auto emitido este miércoles por la juez Ruiz Tobarra en respuesta a un escrito de la defensa de la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que dirige el abogado Eduardo de Urbano.

En el citado auto, la magistrada accede a solicitar a la Confederación del Júcar que informe acerca de si existía un punto de control en pruebas en la Rambla del Poyo, a la altura de la localidad de Massanassa, así como la información de que disponía, si se emitió algún dato el día de la DANA y el punto concreto de localización. Y, para ello, concede un plazo de cinco días.

Pide la magistrada, además, el listado de alarmas que se emitieron respecto al río Magro. Y solicita, finalmente, que se identifique a los trabajadores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) que estuvieron trabajando la tarde del 29 de octubre y si alguno de ellos realizaba funciones automáticas de guardia.

La magistrada ha ordenado también librar oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para que aporte la grabación de una llamada registrada en el Coordcom, la conocida como caja negra de la emergencia, a la que hizo referencia un testigo, por la conversación mantenida entre ese mismo testigo y un predictor de la Agencia Española de Metorología (AEMET) aquel 29 de octubre, entre las 16:00 y las 16:30 horas en la que el predictor de AEMET comunicó que «las precipitaciones se iban a la serranía de Cuenca».

La juez deniega otras diligencias, como la testifical del Secretario Autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, al considerar que no guarda relación con la investigación o bien resultan redundantes al hallarse esos datos en otras actuaciones.

En otro auto, la magistrada acuerda requerir a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat Valenciana y al Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia información acerca de la movilización, el 29 de octubre, de bomberos forestales para vigilar el río Magro, el barranco del Poyo, el área del puente de Carlet y las áreas de los municipios de Torrent, Picaña y Paiporta. Y pide, también, el convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia (AVSRE) y el Consorcio de Bomberos en 2024.

También, reclama al citado Consorcio de Bomberos un informe en que se incluya información del momento en que se iniciaron los primeros rescates el 29 de octubre y los que se efectuaron hasta las 15:00 horas de ese mismo día. y cita a declarar como testigo a un miembro de la plantilla.