Comunidad Valenciana
TURISMO

Los hoteleros advierten que el registro de control de pasajeros del Gobierno es incompatible con la UE

Reclaman una moratoria en la puesta en marcha del Real Decreto porque a día de hoy no es posible cumplirlo

Confusión, temor y caos. Cuando restan apenas días para la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto del Gobierno de España que exige a los subsectores del sector turístico solicitar datos personales de los viajeros, el sector hotelero rechaza la iniciativa debido a la confusión acerca de qué datos son exigibles y la forma en que debe remitirlos. En una reclamación que la Patronal hotelera valenciana de referencia, Hosbec, ha hecho suya, advierten que automatizar ese proceso es imposible a día de hoy y que implicará un trabajo manual «añadido y desproporcionado» para los establecimientos. Y, lo que es más grave, advierten, también, de la incompatibilidad de la norma española con la Unión Europea.

La política del Gobierno de España en materia de turismo no contenta a nadie. Y sus problemas con un sector tan importante por su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) español empiezan a no tener fin.

Si se trata del Imserso, el Ejecutivo no ofrece una cantidad a los hoteles actualizada por cada viajero. Algo que les supone trabajar a pérdidas para mantener abiertos sus establecimientos todo el año. En este tema, la situación ha llegado al punto de que, en el caso de la Comunidad Valenciana, Gobierno y sector turístico ultiman un Imserso autonómico, como adelantó OKDIARIO.

Pero no es este el único punto de desacuerdo entre la Generalitat Valenciana, posicionada del lado de los hoteleros, y el Gobierno de España. Hay otro, muy grave, en ciernes, que se fundamenta en el Decreto 933/2021. Ese Real Decreto es el que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. 

Ese Decreto debía tener un desarrollo a través de una orden ministerial. Y esa orden es la que tenía que aclarar cuáles son los datos que deben aportar cada uno de los subsectores turísticos. A día de hoy, la reclamación principal de los hoteleros es que ese desarrollo normativo no existe y que ello produce una confusión generalizada con respecto a la información que les es exigible y a la forma de remitirla. Algo que sucederá casi de modo inmediato, porque entra en vigor a partir del 1 de octubre.

Datos no oficiales

En referencia a la información que les es exigible a los establecimientos, el sector hotelero se ha encontrado con que ahora tiene que dar datos no oficiales y que tampoco aparecen en el DNI ni en el pasaporte de los viajeros, tales como la forma de pago, el número de tarjeta de crédito, el teléfono móvil o el domicilio real.

Además, el volumen de los datos es tan grande que los hoteles no podrán remitirlos de forma automatizada. Por tanto, deberá hacerse manualmente. Y ello, generará errores e incrementará desproporcionadamente el trabajo de quienes los deben remitir, que son los servicios de recepción.

«Incompatibilidad» con la norma Europea

Pero, además, hay otros problemas. Uno de ellos, la incompatibilidad con la normativa europea. Según los hoteleros, la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en ese Real Decreto «vulneran la normativa comunitaria sobre la protección de datos y privacidad». Además, el citado decreto «implica una injerencia significativa en los derechos de privacidad de turistas y usuarios».

Los hoteleros entienden también que el decreto les genera inseguridad jurídica, porque «carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales». De modo que resulta «imposible» cumplirlo, porque «ignora» las complejidades operativas de las empresas afectadas.

Desventaja competitiva

Todo ello, según los hoteleros, les genera una «desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo» frente a otros destinos en otros países de la Unión Europea que no tienen normativas similares.

Y a todo eso, se suma la falta de adecuación tecnológica y la carga administrativa «desproporcionada». Especialmente, para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que son, además, el núcleo del sector turístico, porque constituyen el 95% del total.

Todo ello, ha llevado al sector hotelero a reclamar una revisión y ajuste del citado decreto con la finalidad de garantizar la proporcionalidad y minimización de los datos. Reclaman, además, más tiempo para la adecuación tecnológica y la adaptación de los sistemas operativos de las empresas y advierten que si no se produce esa modificación, su cumplimiento será imposible.