EL PP ACUSA AL GOBIERNO VALENCIANO DE "DESPRECIAR" A LA CAPITAL DE LA COMUNIDAD

La Generalitat de Puig sólo invierte 38 euros por habitante en Valencia frente a 180 en la Comunidad

Ximo Puig déficit
Ximo Puig en una imagen de archivo.
Ignacio Martínez

La infrafinaciación que sufren los valencianos de la ciudad de Valencia no es consecuencia sólo de la necesidad de una reforma de la financiación autonómica que sigue demorando el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez. La inversión de la Generalitat Valenciana que preside el también socialista Ximo Puig por cada habitante de Valencia es de 38 euros frente a los 180 euros de media en la Comunidad Valenciana. Así, lo ha revelado hoy la concejala portavoz del PP en el Consistorio María José Catalá, que ha acusado al Gobierno valenciano por «despreciar» a la capital de la Comunidad Valenciana.

Estos números, que evidencian que la inversión por cada valenciano es inferior en 142 euros a la media en la Comunidad Valenciana y que según las fuentes consultadas corresponden al último ejercicio completo, el del pasado año 2021, quedan muy alejados de los 180 millones de media anual de inversiones que de los gobiernos del PP en la ciudad de Valencia y que Catalá ha contrapuesto a los 24 millones de media que invierte el Gobierno de Ximo Puig.

A ello, se suma el incremento de la deuda de la propia Generalitat con el Consistorio de Valencia, que alcanza los 7 millones de euros, lo que supone un aumento del 35% respecto a enero, cuando en cifras absolutas esa deuda era de 5 millones de euros.

Por todo ello, el PP ha exigido también a la Generalitat Valenciana que incremente el presupuesto destinado a la ciudad de Valencia para el ejercicio de 2023, para que la capital de la Comunidad Valenciana reciba al menos el mismo trato que el resto de municipios de la autonomía y que ese incremento sea, además, acorde con el número de habitantes de la ciudad. Y ello, porque además el próximo año la ciudad debe afrontar inversiones muy importantes, como la prolongación de la L-10 o el soterramiento de vías «que debería acometer el Estado y la Generalitat Valenciana», ha explicado María José Catalá.

 

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