Una dirección general del Gobierno de Puig dio más de 500.000 € en 4 años a empresas de su hermano

Una sola dirección general, la de Política Lingüística de la Consejería de Educación del Gobierno valenciano, concedió más de 500.000 € a empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig entre octubre de 2015 y diciembre de 2018. Así, se desprende de parte de las subvenciones para analizar de la memoria de planificación para efectuar un informe de auditoría que Intervención de la Generalitat Valenciana remitió al Juzgado de Instrucción 4 de Valencia en el último trimestre del pasado año 2022.

El citado informe era una hoja de ruta acerca de los trabajos que se iban a realizar y cómo se iba a llevar a cabo el procedimiento para cumplir en la medida de lo posible -la Generalitat Valenciana no puede analizar ni comparar las subvenciones concedidas con las de otras Administraciones de otras autonomías porque carece de datos- con lo reclamado por el juez.

Francis Puig está imputado en el caso que investiga presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte empresas relacionadas con él. El caso cuenta, además, con otros 2 imputados el empresario Juan Enrique Adell y el director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana Rubén Trenzano.

En una de las diligencias, de marzo de 2022, Instrucción 4 solicitó el informe auditoría para verificar que el beneficiario de las subvenciones concedidas había cumplido con sus obligaciones en lo referente a la justificación de las subvenciones percibidas y detectar, a la vez, si existían algunas de las cantidades que supuestamente pudieran haber sido percibidas de modo presuntamente indebido. Por tanto, aquellas cuyos gastos subvencionables debían estar acreditados mediante facturas.

Según el calendario elaborado por la citada intervención, y como ya publicó en su momento OKDIARIO, el informe debía estar elaborado y emitirse en este mes de enero o en febrero de 2023. Esta circunstancia es una de las causas por las que el Partido Popular, que está personado en el caso, solicitó hace sólo unos días al Juzgado una nueva prórroga de la investigación.

Varias de esas subvenciones que están bajo la lupa de Intervención de la Generalitat para elaboración de su informe tuvieron como órgano cedente a la Dirección General de Política Lingüística  y como empresas beneficiarias a Comunicacions dels Ports S.A., Canal Maestrat S. L., Mas Mut Produccions S. L. y a Kriol Produccions por un importe total que supera los 515.000 € a través de diferentes órdenes y resoluciones. En concreto, la cantidad es la suma de una orden de 2015, una resolución de 2016, otras 2 resoluciones de 2017 y una última resolución del año 2018.

No obstante, las subvenciones a empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig por parte de la Generalitat Valenciana se han seguido produciendo incluso después del inicio de la investigación del caso.

Otras subvenciones

En noviembre del pasado año, el antes citado director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana Rubén Trenzano emitió una resolución por la que se concedían subvenciones para el fomento del valenciano en los medios de comunicación. Dos empresas relacionadas con Francis Puig, obtuvieron entonces un total de 153.915,66 € de esas subvenciones.

De tal cantidad, 122.395,62 € correspondían a las adjudicadas en 3 modalidades -prensa escrita no diaria, radio y televisión- a Comunicacions dels Ports. Y otros 31.520,04 € a Mas Mut Produccions.

En octubre del pasado año, se conoció también que Francis Puig había obtenido una nueva adjudicación de 120.000 € de A Punt, la televisión autonómica valenciana para cubrir la actualidad informativa en las comarcas de Els Ports (Los Puertos) y Alt Maestrat (Alto Maestrazgo) através de un acuerdo por 4 años -hasta 2026- que se formalizó el pasado septiembre, el mismo mes en que se realizó la adjudicación, a razón de 10.000 € en 2022, 30.000 € en cada uno de los 3 años siguientes, y 20.000 € en 2026. El PP solicitó entonces a través de la presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas Eva Ortiz el expediente de la citada adjudicación.