El Consell Jurídic califica la DANA de fenómeno «extraordinario» cuyo riesgo fue «imprevisible»

Un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (Consejo Jurídico Consultivo),  el órgano consultivo supremo de la Administración Autonómica valenciana y, en su caso, de las Administraciones Locales, en materia jurídica, rechaza la reclamación patrimonial de una mujer al Ayuntamiento de Paiporta a la que la DANA del 29 de octubre de 2024 arrastró y causó lesiones. La trascendencia del dictamen está en los argumentos utilizados por el citado órgano, donde insiste en el carácter extraordinario e imprevisible de la riada de aquel 29 de octubre de 2024. Es decir, el argumento que han defendido los investigados en el caso de la DANA para defender su inocencia.

Según refleja en su dictamen el citado órgano, la DANA se produjo como un acontecimiento «extraordinario, súbito e irresistible, cuya ocurrencia no consta acreditado que fuera o pudiera ser prevista con los medios ordinarios de información meteorológica disponible». Sostiene, también, que lo que denomina como «episodio meteorológico» reviste «las notas propias de un riesgo imprevisible». Es decir, que se trató de un fenómeno imprevisible, como han venido defendiendo los dos investigados por la juez de Cataroja (Valencia) en el caso de la DANA.

El dictamen es importante, también, porque deja claro el análisis jurídico por parte del órgano consultivo de las administraciones valencianas a la hora de decidir acerca de las reclamaciones patrimoniales por la DANA de las víctimas a sus consistorios. 

El Ayuntamiento de Paiporta estaba gobernado el 29 de octubre de 2024, la fecha en que se produjo la DANA, por la socialista Maribel Albalat, a la que el citado dictamen exime al considerar que: «Un mensaje genérico de calma no puede generar confianza legítima protegible, ni convertirse, en este caso, en un título de imputación a la entidad local, atendiendo a los documentos aportados al presente expediente».

El Consell Jurídic Consultiu está presidido por Margarita Soler, quien fue nombrada directamente por Ximo Puig para esta responsabilidad el 3 de octubre de 2017. Sus vínculos con el PSOE van más allá, por cuanto fue directora de Programa del Ministerio de Educación en un Gobierno entonces presidido por el también socialista Felipe González, entre 1989 y 1992. 

El dictamen concluye «que no existe» en el expediente base jurídica para estimar la reclamación, «sin perjuicio de reconocer el serio impacto que el suceso meteorológico tuvo para la reclamante y para el conjunto de la población afectada».