El Consell autoriza a sus abogados a recurrir el decreto de regularización y pedir medidas cautelares

El Gobierno valenciano ha autorizado en su Pleno de este viernes a la Abogacía de la Generalitat a interponer acciones judiciales contra el decreto del Gobierno del socialista Pedro Sánchez de regularización masiva de inmigrantes ilegales. En concreto, un recurso contencioso-administrativo, que incluirá la petición de suspensión cautelar del citado decreto. Es decir, la paralización del proceso que está colapsando los servicios sociales de los ayuntamientos en toda España.

El presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ya había anunciado el pasado 15 de abril, en el transcurso de la sesión de control a que se sometió en las Cortes Valencianas, esta medida, al objeto de «defender el sistema sanitario y los servicios sociales» del territorio.

La medida anunciada por Pérez Llorca está en consonancia con la ya iniciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El recurso de la Comunidad de Madrid ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo (TS). En ese recurso, se solicitaba, también, la suspensión cautelar del Real Decreto de regularización, como ahora hará también la Generalitat Valenciana.

De hecho, la acción para la que el Gobierno valenciano ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat podrá suponer la presentación del citado recurso contencioso-administrativo para la impugnación total del Real Decreto o, subsidiariamente, de aquellos preceptos, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias o finales que la propia Abogacía de la Generalitat considere procedente impugnar, atendiendo a los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente, según ha informado este viernes la propia Generalitat.

Pero, además, el Consell también ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a solicitar la suspensión cautelar de la totalidad o de parte de las decisiones que impugne, «así como cualquier otra medida cautelar o cautelarísima necesaria para preservar la efectividad de la resolución judicial que pudiera recaer y evitar perjuicios de difícil o imposible reparación para la Generalitat, sus servicios públicos o el interés general de la Comunidad Valenciana».

La decisión de la Generalitat se produce en un momento extraordinariamente crítico a consecuencia del proceso, con los ayuntamientos que no dan abasto para tramitar las peticiones y ni siquiera saben si el Gobierno de Sánchez cubrirá los gastos extraordinarios que está suponiendo el esfuerzo para las arcas municipales.