El Gobierno pidió ayuda in extremis a los ayuntamientos para la regularización pero sin financiación

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez pidió ayuda in extremis a los ayuntamientos para la regularización masiva de inmigrantes decretada por el propio Ejecutivo, pero sin ningún compromiso de financiar el coste que esa colaboración, reclamada sobre la campana, podía tener en las arcas municipales de los municipios que se vieran obligados a incrementar horas o servicios. Así, se desprende de la carta enviada por la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez, a los consistorios la tarde del pasado viernes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Se da la circunstancia, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 20 de abril que, precisamente, ayuntamientos socialistas niegan a inmigrantes la regularización masiva del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y los derivan a Valencia; según ha denunciado también la alcaldesa de Valencia, quien ha reclamado al Gobierno de Sánchez que «revise que todos los municipios de España están haciendo empadronamientos especiales», porque, según ha explicado, «algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas, que nos están derivando a personas a Valencia, porque dicen que allí no hacen empadronamientos especiales».

En el caso del Ayuntamiento de Valencia, la tercera ciudad de España, la carta se recibió el pasado viernes a las 17:00 horas, según ha reiterado su alcaldesa, María José Catalá. Es decir, poco más de dos días antes de arrancar el proceso, ya en fin de semana y con el horario laboral de los funcionarios cumplido. Y en la misma, a pesar de que la palabra colaboración se repite dos veces y hay un agradecimiento por la cooperación, no se habla ni se refleja compromiso alguno del Ejecutivo para cubrir el esfuerzo de financiación que deben hacer los municipios para no colapsar sus servicios.

El Ayuntamiento de Valencia se ha visto obligado a reforzarse con 40 personas para evitar el colapso. Todo ello tiene un coste aproximado de un millón de euros, según ha publicado OKDIARIO y han corroborado fuentes municipales. María José Catalá ha decidido remitir al Gobierno, a su vez, otra misiva, en la que pregunta directamente por esa financiación. Y ya ha anunciado que pasará la factura al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La carta remitida por la Secretaria de Estado de Migraciones el pasado viernes acerca de un proceso de regularización masiva de inmigrantes que ha arrancado este lunes es un documento en que informa acerca de cuestiones relacionadas con el citado proceso. Pero, en ningún momento habla acerca de la posibilidad de que los ayuntamientos se vean en la necesidad de reforzar sus servicios para otorgar respuesta a la avalancha recibida, con personas que desconocen el castellano y el valenciano, que desconocen también los documentos que deben aportar e incluso, que presentan otros equivocados.

Finalmente, en dos breves párrafos, manifiesta que «agradecemos la colaboración de todas las autoridades competentes en materia de asistencia social y de servicios públicos, ya que sin su cooperación no podremos conseguir que este proceso extraordinario sea tan ágil y eficaz como esperamos». A continuación, que «la cooperación entre administraciones es clave y muy importante para conseguir este objetivo». Pero nada agrega acerca de que el Gobierno vaya a asumir el coste adicional que el proceso tiene para los ayuntamientos.