Comunidad Valenciana
SEGURIDAD CIUDADANA

Cinco municipios de Castellón se rebelan contra la eliminación de sus cuarteles de la Guardia Civil

La presidenta de la Diputación de Castellón prepara una iniciativa para exigir evitar el cierre de los cinco cuarteles

Reclama que, por el contrario, se aumenten las plantillas y frenar la eliminación de unidades del Seprona

Munícipes de un total de cinco localidades de de la provincia de Castellón han puesto en marcha una reivindicación en contra de los desmantelamientos de sus puestos auxiliares de la Guardia Civil. La iniciativa cuenta con el apoyo de la presidenta de la Diputación la popular Marta Barrachina. En el caso de Castellón la medida afecta a una población estimada en torno a los 12.000 habitantes. Las localidades que inicialmente se verían afectadas por esta medida son: Artana, Alcossebre, Benasal, Betxi y Lucena.

La medida ha generado inquietud. Esencialmente, porque según los registros del balance de criminalidad del cuarto trimestre de 2023, la Comunidad Valenciana ha sufrido un incremento del número de delitos y lo que necesita no es desmantelar cuarteles y sí incorporar nuevos efectivos.

En concreto, la provincia de Castellón ha sufrido en el cuarto trimestre de 2023 un incremento de la criminalidad del 8,9% respecto al mismo periodo de 2023, según ese registro. En la provincia de Alicante, la criminalidad ha crecido un 7,7%. En tanto que en la provincia de Valencia es donde se ha producido un menor incremento, del 0,5%. La criminalidad, en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha aumentado un 3,9%.

La futura salida de esos cuarteles auxiliares ha provocado un movimiento reivindicativo que, en el caso de Castellón, ha liderado la presidenta de la Diputación, la popular Marta Barrachina, que este jueves ha comparecido junto a munícipes de los núcleos de población afectados en esa provincia en en Lucena del Cid, una de las localidades afectadas.

El anuncio que sustenta esta medida se produjo a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil (BOGC) de este 2 de enero de 2024. Pero ha sido ahora cuando se ha producido una toma de conciencia colectiva de las consecuencias que puede acarrear en materia de seguridad.

Precisamente, la consejera de Seguridad valenciana Elisa Núñez mantuvo una reunión reciente con una asociación de la Policía Nacional y otra de la Guardia Civil. En esa reunión se pusieron sobre la mesa dos cuestiones. Una, que los catálogos de personal de ambos cuerpos están anticuados. Y dos, que la consecuencia, según manifestaron entonces, es que los agentes carecen de los recursos humanos necesarios para dar respuesta a la realidad delincuencial de la Comunidad Valenciana porque la población real no es la censal y hay un incremento en el número de delitos, que solo se puede paliar aumentando efectivos. No eliminándolos.

En el caso de Castellón, Marta Barrachina tiene previsto presentar una iniciativa en la Diputación y en los ayuntamientos de la provincia dirigida a intentar evitar el cierre de los cinco cuarteles, aumentar las plantillas y frenar la eliminación de unidades del Seprona. 

Exige además la construcción de la demandada comisaría de la Policía Nacional en Villarreal, la segunda ciudad de esa provincia: “No vamos a callarnos ante lo que consideramos un sinsentido”, ha manifestado Marta Barrachina.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”