El Tribunal de Cuentas rechaza el aval de la Generalitat para pagar las fianzas del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas ha rechazado los avales por valor de 5,4 millones de euros presentados por la Generalitat a favor de una treintena de ex altos cargos del Govern por haber promocionado con dinero público el procés en el extranjero.

El pasado 21 de septiembre, la Abogacía General del Estado decidió no presentar ningún informe sobre la validez de esos avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas.

La instructora del caso ha decidido no admitir los avales garantizados por el Instituto Catalán de Finanzas «al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave, requisitos que necesariamente deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y que, de manera indiciaria, el delegado instructor debe apreciar para poder declarar la existencia de una presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva».

Esta decisión tiene como consecuencia que «al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales».

Los avales se apoyaban en un Fondo Complementario de Riesgos creado por el Ejecutivo autonómico mediante un decreto ley, posteriormente avalado por el Parlamento catalán, para que se cubrieran esas fianzas, ahora rechazadas por el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal pidió informe urgente a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales, pero ese órgano decidió no presentarlo al considerar que, al haber sido parte en las actuaciones previas, podía contaminar los principios de imparcialidad y objetividad.

El fondo recibió en su día el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña, requisito que era imprescindible para el voto a favor del PSC.

Para este órgano, este fondo se ajustaba al Estatut y a la Constitución en un informe vinculante en el que se defendía que la Generalitat «está habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos» como es el fondo, si bien se recomendaban algunos cambios en el decreto ley para que «desaparezcan determinadas dudas de su redactado actual».

El fondo ha recibido críticas del PP, Cs y Vox, que consideraban que implicaba que todos los ciudadanos pagaran lo que deberían cubrir los responsables del procés de su «propio bolsillo».