Los socios exigen a Sánchez campañas en redes contra los medios críticos por sus «noticias falsas»

Los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han exigido al Ejecutivo que financie campañas en redes sociales para luchar contra los medios críticos que publiquen lo que ellos puedan etiquetar como «noticias falsas». También solicitan la creación de «organismos públicos especializados en verificación de datos» que hagan depender del Ejecutivo la determinación de lo que es una noticia veraz.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el pasado viernes una Proposición no de Ley (PNL) de ERC sobre el «fortalecimiento de los derechos digitales y la lucha contra la desinformación». La iniciativa está firmada por el portavoz de la formación secesionista en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado 5 de este mes de diciembre.

En esa PNL, ERC insta al Gobierno a «impulsar financieramente» la creación de «campañas informativas en las redes sociales». El objetivo de éstas es «dar herramientas a la ciudadanía para poder identificar y denunciar noticias falsas, por parte de las administraciones competentes». Esto abre la posibilidad a pagar con recursos públicos los anuncios para combatir informaciones que el Ejecutivo etiquete como fake news, tal y como hace con las noticias críticas con el Gobierno.

No es la única propuesta que han puesto sobre la mesa con las redes sociales. También piden «establecer acuerdos» con este tipo de plataformas para «identificar, etiquetar y limitar la propagación de contenido potencialmente falso».

Por otro lado, también exige al Gobierno que se creen «organismos públicos especializados en verificación de datos y emisión de desmentidos oficiales». Dentro de esas entidades, solicita que haya «técnicos y expertos en fact-checking». En ese grupo de expertos podrían estar las personas que han trabajado en empresas que desmienten bulos.

De igual manera, ERC se posiciona a favor del denominado Plan de Acción por la Democracia, una serie de reformas de Sánchez para amordazar a los medios críticos, según la oposición. En ese sentido, ha apoyado la creación, como ya anunció el Gobierno, de mostrar cuáles son las empresas que financian a los medios de comunicación. En concreto, se insta a poner en marcha una «base de datos accesible públicamente con información sobre la propiedad de los medios de comunicación».

También pretenden que se establezca un «límite a las donaciones» a partidos políticos y a las entidades vinculadas a ellos, que hacen las «personalidades jurídicas en el ámbito de las nuevas tecnologías y las redes sociales».

El uso de Pegasus

La PNL también incluye un apartado en el que se solicita una «moratoria en el uso de tecnologías de vigilancia y ciberespionaje». Explícitamente, se refieren a los programas «Pegasus y Candiru». Estos software se utilizaron para espiar a los líderes independentistas del procés. A esta operación, autorizada judicialmente, el independentismo la denomina «caso Catalangate», tal y como lo expresaba ERC en la exposición de motivos de su iniciativa.

El CNI había puesto en marcha una operativa con control judicial en relación con el procés catalán. En 2017, el secesionismo había traspasado todas las líneas rojas con un referéndum ilegal y articulando toda una legislación paralela para acometer la independencia unilateral. Por eso, la seguridad del Estado comenzó a investigar a un grupo de personas dispuestas a cometer actos terroristas para facilitar la independencia. Fue la llamada operación Judas, que acabó con la detención de nueve integrantes de los denominados Equipos de Respuesta Táctica, un tipo de comando de élite de los Comités de Defensa de la República. También comenzó a gestarse el autodenominado Tsunami Democràtic que organizó violentas protestas tras la sentencia condenatoria a los presos del procés.