Montoro sabía que Diplocat gastó 300.000€ en el referéndum ilegal pero lo negó ante el juez

El entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro remitió el pasado mes de mayo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un escrito en el que afirmaba que no le consta que el Govern de Carles Puigdemont hubiera gastado ni un solo euro público en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

En su carta, Montoro dejó abierta la posibilidad de que la Generalitat hubiera ocultado estos gastos utilizando facturas y partidas presupuestarias falsificadas. E hizo constar que la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, estaba poniendo trabas para que el Ministerio de Hacienda pudiera conocer en profundidad la justificación de algunos pagos.

Antes, Montoro había hecho unas polémicas declaraciones al diario El Mundo en el mismo sentido: “Yo no sé cómo se pagó el 1-O. Pero no con dinero público”. Lo cierto es que el Ministerio de Hacienda tenía constancia, desde el mes de febrero, de que el Diplocat había gastado más de 300.000 euros para comprar tres grupos de «observadores internacionales», con el fin de que avalaran el resultado del referéndum ilegal.

La Generalitat había remitido el pasado 20 de febrero a la Secretaría de Estado a Hacienda el expediente completo de la contratación del grupo de observadores internacionales encabezado por la neocelandesa Helena Catt, que el Diplomat compró por 206.371 euros.

El consorcio de diplomacia exterior de la Generalitat pagó unos horarios de 8.775 euros a cada uno de los 13 miembros del equipo de Helena Catt, además de todos los gastos de viajes, alojamiento y manutención. Como ha informado OKDIARIO, el secretario general del Diplocat, Albert Royo, mintió deliberadamente al Ministerio de Hacienda: en cada uno de los 13 expedientes de pago firmó una «declaración de responsabilidad» en la que aseguraba que esos gastos no tenían nada que ver con el referéndum ilegal.

Pero el nombre que aparece en el expediente remitido en febrero al Ministerio de Hacienda era suficientemente explícito para desmontar la mentira del Albert Royo: «Análisis del contexto político de Cataluña en el camino al referéndum de independencia de Cataluña».

De hecho, el expediente incluye también el informe final (en inglés) en el que los observadores internacionales encabezados por Helena Catt constatan que no pueden avalar el resultado del referéndum, debido a las múltiples irregularidades que habían detectado. Entre otras, mencionan que el escrutinio carecía de cualquier rigor y que cualquier ciudadano podía votar varias veces.

El expediente remitido a Hacienda también incluía todas las facturas de los desplazamientos, alojamiento y comilonas de los 13 observadores contratados. El Ministerio de Hacienda recibió el 20 de febrero esta documentación y sus técnicos tuvieron varios meses para comprobar que, efectivamente, el Diplocat había gastado dinero público para comprar a los observadores internacionales del referéndum ilegal.

El referéndum costó más de 4 millones

Y pese a ello, en su carta dirigida al juez tres meses después, el ministro Montoro no quiso dar su brazo a torcer y aseguró que no tenía ninguna constancia de que la Generalitat hubiera gastado dinero público en el referéndum. Los abogados de los golpistas utilizaron las palabras de Cristóbal Montoro para sostener que no se ha producido ningún delito de malversación.

Pese a que Montoro no quiso reconocer ante el juez que la Generalitat había logrado burlar la intervención de sus cuentas decretada por el Ministerio de Hacienda, la Guardia Civil ya ha podido acreditar que el Govern de Puigdemont gastó más de 4 millones de euros públicos en la convocatoria del referéndum ilegal.

De esta cantidad, 979.661 euros corresponden al envío de tarjetas electorales a través de la empresa Unipost (que el independentista Pablo Raventós ha conducido a la quiebra), 615.000 euros a la campaña de publicidad, 133.318 euros a la aplicación informática para captar voluntarios, 120.971 euros al buzoneo de publicidad (que diseñó Òmnium pero pagó la Generalitat), 350.000 euros a la aplicación informática para contabilizar el voto de los catalanes residentes en el extranjero y 1,6 millones de euros a las obras en una nave anexa a la sede del CTTI, para habilitarla como call center destinado al recuento de votos del 1-O.

Como ha informado OKDIARIO, además del equipo de Helena Catt el Diplocat contrató otros dos grupos de observadores para bendecir el resultado de la consulta ilegal: un grupo denominado Wokshop d’Experts Europa (cuya presencia costó 34.763 euros públicos) y una delegación de diputados del Parlamento europeo (cuya visita costó costó 64.654), que incluía a representantes de Bildu y el Sinn Féin, el antiguo brazo político de los terroristas del IRA.

En total, más de 305.000 euros públicos gastados para avalar un referéndum ilegal. El máximo responsable del Diplocat era en aquel momento el autodenominado «ministro de Asuntos Exteriores» de la Generalitat, Raül Romeva, quien actualmente cumple prisión preventiva.

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha imputado a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, por ocultarle durante semanas la documentación de estos contratos del Diplocat.

Tras ser imputada, la interventora ha remitido finalmente al juez la documentación requerida, y se ha excusado alegando que no tenía en su poder toda las facturas porque se las llevó la Guardia Civil en los registros del Diplocat. El magistrado Ramírez Sunyer instruye la causa a raíz de una querella interpuesta por el abogado Miguel Durán y VOX.

El juez también ha imputado al secretario general del Diplocat, Albert Royo, por autorizar los pagos ilegales vinculados al referéndum. Al declarar ante el juez, Royo volvió a mentir (aunque su condición de imputado se lo permite): reconoció que el Diplocat había pagado la visita de los tres grupos de observadores, pero aseguró que su actividad no tenía nada que ver con el referéndum del 1-O.