Una juez anula una sanción de la Generalitat a una cafetería por «no atender en catalán»

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona ha anulado la sanción impuesta por la Generalitat de Cataluña a una cafetería de Sitges tras una denuncia por «no atender en catalán». La sentencia, dictada por la jueza Ariana Expósito Gázquez y que desvela OKDIARIO, considera que una denuncia genérica carece de la concreción necesaria para sustentar un expediente sancionador.

La resolución judicial supone un revés para la política lingüística catalana. El tribunal ha estimado el recurso presentado por el abogado Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, contra el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

El fallo establece que el expediente sancionador «carecía de la concreción y prueba exigibles» al basarse únicamente en una denuncia formularia. La administración catalana había impuesto una multa de 700 euros al establecimiento hostelero por presuntamente vulnerar la normativa sobre el uso vehicular del catalán.

La sentencia cuestiona la validez de los procedimientos iniciados mediante «formularios estandarizados» que utilizan las organizaciones catalanistas para denunciar comercios. Estos mecanismos permiten presentar quejas masivas sin aportar pruebas específicas sobre las supuestas infracciones lingüísticas.

El tribunal ha considerado que tales denuncias genéricas no proporcionan base jurídica suficiente para iniciar expedientes sancionadores. Esta decisión podría afectar a centenares de procedimientos similares tramitados por la Generalitat en los últimos años.

La resolución judicial recoge que la Administración autonómica no logró demostrar de manera fehaciente la comisión de la infracción denunciada. El establecimiento comercial negó en todo momento haber vulnerado sus obligaciones lingüísticas.

Convivencia Cívica Catalana ha calificado la sentencia como «un primer paso para poner fin al sistema de delaciones lingüísticas» vigente en Cataluña. Según esta organización, la Administración autonómica «anima a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por usar el castellano en sus negocios».

El presidente de CCC, Ángel Escolano, ha declarado que «pretender imponer el uso de una de las dos lenguas oficiales a los ciudadanos en el ámbito empresarial y comercial constituye una invasión intolerable de su libertad». Ha añadido que tales prácticas son «propias de regímenes totalitarios».

La entidad considera que la lengua utilizada en el comercio privado «forma parte de la esfera de libertad del ciudadano» y que ninguna administración puede imponer preferencias lingüísticas en las relaciones entre particulares.

Precedente judicial

Esta resolución se produce en un contexto de creciente conflictividad en torno a la aplicación de la normativa lingüística catalana. La Generalitat mantiene un sistema de inspección que supervisa el cumplimiento del uso «vehicular» del catalán en establecimientos comerciales.

La sentencia establece varios límites importantes a la potestad sancionadora autonómica. En primer lugar, exige que las denuncias aporten elementos probatorios concretos. Además, recuerda que los procedimientos deben respetar las garantías procesales básicas.

El fallo también desincentiva el uso de campañas masivas de denuncia basadas en formularios tipo. Estas prácticas habían generado miles de expedientes contra comerciantes de toda Cataluña, especialmente en zonas con mayor presencia de población castellanohablante.

Apoyo jurídico

Tras conocerse la sentencia, CCC ha anunciado el refuerzo de su «campaña de apoyo a los comerciantes» afectados por sanciones lingüísticas. La organización ofrecerá asesoramiento gratuito y acompañamiento judicial a empresarios y autónomos.

La entidad ha habilitado una «línea directa con el gabinete jurídico» para consultas urgentes. También distribuirá un «kit de defensa rápida» con modelos de alegaciones y recursos para facilitar la impugnación de expedientes similares.

CCC invita a todos los comerciantes que enfrenten procedimientos sancionadores por motivos lingüísticos a contactar con sus servicios jurídicos. La organización considera que esta sentencia sienta un precedente favorable para recurrir sanciones basadas en denuncias genéricas.

La resolución judicial supone un aldabonazo contra las prácticas administrativas más controvertidas en materia lingüística, abriendo una brecha jurídica que podría ensanchar significativamente el margen de libertad comercial en el principado catalán.