Illa reactiva la ‘policía del catalán’ con una campaña de inspecciones sorpresa a comercios de pueblo

La llegada de Salvador Illa al Gobierno de la Generalitat ha reactivado las inspecciones lingüísticas a comercios de la región. Concretamente, el Servicio Comarcal del Catalán ha visitado de forma aleatoria este verano 20 establecimientos comerciales y de restauración en pueblos turísticos de la zona de Reus (Tarragona) para comprobar si cumplían con la Ley de política lingüística. De esta forma, estas inspecciones de la policía del catalán han continuado con Illa en pleno auge de la persecución del catalán tras el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y ERC para investir al candidato socialista.

Este verano, el Servicio Comarcal del Catalán del Priorat (SCC) ha llevado a cabo una campaña de inspecciones en las localidades de Morera de Montsant,  Escaladei, Porrera y Poboleda, pueblos que se caracterizan por ser muy turísticos. El objetivo de las visitas era dar a conocer los servicios que se ofrecen al sector empresarial, en especial el servicio de revisión de textos, un servicio gratuito para empresas de 10 o menos trabajadores que pretende garantizar que las empresas y tiendas tengan en catalán y en un catalán de calidad la rotulación y la documentación.

Durante las inspecciones, se ha hecho también una observación sociolingüística en la que se ha podido comprobar que el 100% de los establecimientos observados cumplen la Ley de política lingüística en lo que se refiere al rótulo principal o que el catalán es de entrada la lengua de atención al público en un 90% de los comercios de las localidades donde se han llevado a cabo estas visitas.

El Gobierno de Illa pretende endurecer las inspecciones lingüísticas, con el fin impulsar el catalán en detrimento del español. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios para ello, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.

Una persecución del español que, según Illa, es necesaria para que los catalanes no se sientan incómodos al hablar su propia lengua. Y es que el Gobierno de la Generalitat defiende que, aunque el catalán sea una lengua oficial, si una oficina, un establecimiento comercial o un centro de salud transmite «la percepción de que hablar en catalán es algo anómalo o, peor aún, conflictivo, la mayoría de los hablantes renunciará al derecho a utilizarlo».

Illa culpa al régimen de oficialidad vigente, a los movimientos migratorios y a la extensión del inglés, de la pérdida lingüística en la región. «En este contexto, no puede perderse de vista que el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés, lo que incrementa exponencialmente el peso de las presiones que experimenta», apunta el informe sobre el uso del catalán que el Gobierno socialista ha encargado para justificar su hoja de ruta. Por este motivo, Illa plantea «una intervención ambiciosa» liderada por los poderes públicos, que incluye medidas como el impulso del catalán en las aulas y en las administraciones públicas.

Impulso del catalán

Ya en su pacto con ERC, Salvador Illa se comprometía a impulsar el catalán en las aulas. Ahora, la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que la mejora del uso social del catalán necesita medidas transversales que vayan «más allá del sistema educativo», y ha abierto la puerta a modificar el porcentaje de español que se imparte dentro de las aulas. Concretamente, el Ejecutivo de Illa ha afirmado que cada centro educativo tiene un «contexto sociolingüístico demasiado diferente para marcar un porcentaje igual» en toda Cataluña, en referencia al 25% que se establece en la actualidad.

«Estas son lenguas oficiales de Cataluña, pero es evidente que el catalán es la lengua propia, la vehicular, y que la debemos defender y promover», ha asegurado la consellera de Educación. Niubó ha remarcado que el catalán no puede ser sólo una cosa de la escuela, aunque ha defendido ahondar esfuerzos en el sistema educativo ante la caída del uso de la lengua catalana en los últimos años. «Desde el sistema educativo debemos evitar situaciones de limitación lingüística. Un alumno tiene derecho a hablar la lengua que quiera, pero lo que no puede ser es que lo haga porque no tiene un buen dominio en este caso del catalán», ha añadido.

La lengua catalana ocupa un bloque importante dentro del pacto entre Pedro Sánchez y ERC para la investidura de Salvador Illa, en el que ambas formaciones recalcan el «retroceso del uso social del catalán». Para ello, el PSC se comprometió con los independentistas a reforzar con «la máxima ambición y consenso la política lingüística, con especial atención a la defensa del modelo de escuela catalana como garantía del aprendizaje de la lengua, a su normalización y fomento en todos los ámbitos». Por este motivo, todos los alumnos inmigrantes que acaben de llegar a Cataluña tendrán la obligatoriedad de aprender esta lengua.