Illa amaga con el desacato para reducir el 25% de español en las aulas: «Atenta contra el catalán»

El PSC de Salvador Illa, presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña, ha apoyado la moción en el Parlament para «garantizar la educación en catalán». El grupo socialista suscribe que impartir 25% de las clases en español «atenta contra los derechos lingüísticos» y «contra el futuro del catalán» y amaga con desobedecer el criterio de los jueces que avalaron esta medida.

La iniciativa, presentada por los antisistema de la CUP, salió adelante gracias al apoyo y las enmiendas presentadas por la formación socialista encabezada por Illa. En ella se asegura que existe una «situación de minorización» de la lengua cooficial y que «el papel del sistema educativo es imprescindible para asegurar su transmisión, el conocimiento y el uso social».

«El Parlamento de Cataluña constata que la imposición de la vehicularidad del castellano y su uso en un mínimo del 25% de la enseñanza por parte de los tribunales españoles no se fundamenta en ningún tipo de criterio pedagógico», espeta la moción que se ha aprobado en el Parlament con los apoyos del PSC.

«Atenta contra los derechos lingüísticos»

Además, el texto asegura que esta cuota de castellano en las escuelas «es contraria a un amplio y sostenido consenso social y parlamentario». Los diputados que apoyan la moción suscriben que el actual modelo, avalado por los tribunales, «atenta contra los derechos lingüísticos y educativos del alumnado y contra el futuro del catalán».

En ese mismo sentido, los grupos parlamentarios que han permitido que esta medida salga adelante declaran «su voluntad de explorar iniciativas legislativas con el objetivo de proteger a los centros educativos ante las sentencias del 25%».

De ese modo, buscan reforzar el marco jurídico para blindar «la competencia plena en catalán y su uso como lengua vehicular». Los independentistas y el PSC consideran que existe un «consenso» entre «la mayoría de la comunidad educativa y las entidades en defensa de la lengua».

Para ello, el independentismo, aupado por el socialismo, se pone como meta el Pacto Nacional por la Lengua que se ha aprobado este mismo año por el Gobierno autonómico. Esta es una hoja de ruta para arrinconar el castellano, que está dotado de 255 millones, y tiene como objetivo imponer el catalán en toda la administración pública y en las empresas privadas.

Más policía del catalán en las aulas

Para asegurar que el catalán es la lengua utilizada en las aulas de las escuelas e institutos públicos de la autonomía, se ha planteado poner más medios para realizar inspecciones, a las que el constitucionalismo tilda de policía del catalán.

De ese modo, las formaciones independentistas y el PSC de Illa se proponen «reforzar, durante el curso 2025-2026, la acción de la inspección educativa por lo que se refiere al cumplimiento real del modelo lingüístico establecido por la normativa autonómica en los planes lingüísticos de cada centro».

Así, se propone que se actúe «en los casos en que este modelo se incumpla y estableciendo un buzón de quejas lingüísticas institucional de carácter confidencial, como ya existe en las universidades». Es decir, que exista una plataforma de denuncias para que los alumnos, padres o compañeros expongan a los profesores que no usen lo que ellos consideran que es suficiente catalán en las aulas.