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Vox exige a Prohens que las comunicaciones escolares a los padres sean también en español

Lamenta que los centros exijan pedirlo por escrito a las familias que así lo requieran

Reclama que las reuniones con las familias en los colegios sean bilingües y si no en castellano

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Después de conocerse que la Conselleria balear de Salud remitió en días pasados a todos los padres de alumnos una carta exclusivamente en catalán con una serie de recomendaciones para prevenir las enfermedades infecciosas especialmente la gripe, el Grupo Parlamentario de Vox ha presentado una iniciativa en la Cámara balear para que el Govern de Marga Prohens garantice el derecho de los padres a recibir la información del ámbito educativo del centro escolar de sus hijos en español y catalán.

Mientras continúan sin despejarse las incógnitas sobre cómo el Ejecutivo en minoría del PP aplicará el próximo curso escolar la libre elección de lengua pactada con Vox y presupuestada en 20 millones de euros, la formación de Santiago Abascal exige a Prohens que adopte ya «las medidas pertinentes para que en los centros escolares se mantengan las reuniones en ambos idiomas oficiales, o en castellano, que es el idioma que todos tenemos obligación de conocer conforme la Constitución».

Se trata de una Proposición no de Ley en la que la diputada Manuela Cañadas lamenta que todavía se envían las comunicaciones exclusivamente en catalán a las familias y si desean recibirlas en español, «se les exige hacerlo por escrito, poniendo con ello en el punto de mira a las que así lo solicitan, por lo que muchas de ellas no lo hacen por miedo a represalias contra sus hijos».

Una circunstancia que recuerda a lo que sucedía bajo el Govern de la socialista Francina Armengol, cuando la Universitat de les Illes Balears (UIB) entregaba sólo en catalán los exámenes de la convocatoria de las Pruebas de Bachillerato de Acceso a la Universidad (PBAU), la antigua selectividad. Esto obligaba a los alumnos que querían hacer los exámenes en castellano a pedirlo expresamente y exponerse públicamente.

Se trata de una forma de proceder en línea con el sectarismo y la entrega a los postulados de los partidos separatistas catalanes que defendía el anterior Ejecutivo de la hoy presidenta del Congreso, que durante los pasados ocho años impuso el catalán en todos los ámbitos de la sociedad civil relacionados con la Administración y el acceso a un empleo público, y erradicó el español.

Incumplía así el Govern que debe velar para que no se lleven a cabo situaciones de discriminación por el uso de las dos lenguas oficiales de Baleares y, como establece el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística, la obligación de adoptar las medidas pertinentes para que los alumnos reciban su enseñanza en catalán o en castellano, según decidan y elijan los padres, sin provocar discriminación escolar alguna.

Ante el no cumplimiento de este deber, en estos momentos ya bajo un gobierno autonómico del PP comprometido con la defensa del bilingüismo, Vox exige a Prohens que «esta actitud debe ser corregida por este Parlament».

Como apuntan desde este partido, por mandato legal y tal como fija el artículo 3, apartado 2 y 3, del Estatuto de Autonomía de Baleares, «nadie puede ser discriminado por razón del idioma y, en consonancia, todas las instituciones de las Islas Baleares deben garantizar el uso normal y oficial de la lengua castellana, junto con la catalana».

En la práctica, sin embargo, y con motivo de la reiterada insistencia en las políticas de imposición del catalán impuestas por el anterior Govern de socialistas, separatistas de Més y Podemos, ese mandato legal quedó en papel mojado, al abanderar la Conselleria de Educación de forma constante la normativa de normalización lingüística del año 1986.

De tal forma que, olvidando que las Baleares tienen como lengua propia el castellano junto con el catalán, se ha venido imponiendo la obligación del uso del catalán sobre el español, en contra de toda legalidad, ya no sólo de la propia normativa balear autonómica, sino «contra los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna», remarca Vox, que concluye su proposición lamentando la discriminación que padecen los padres que quieren recibir las comunicaciones escolares en la lengua castellana.