Vox exige el PIN parental y la oficina de defensa del español para aprobar los presupuestos de Baleares

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKBaleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 07/10/2024 19:15
  • Actualizado: 07/10/2024 19:15

La dirección de Vox ha aprobado este lunes un documento en el que fija las condiciones que va a poner a los gobiernos autonómicos del PP para negociar la aprobación de los Presupuestos de 2025 entre las que figuran la reversión de medidas «derogadas o congeladas» tras la ruptura de los pactos en materia lingüística o la apuesta por la calidad educativa. En el caso de Baleares, estos requisitos para aprobar las segundas cuentas autonómicas el Ejecutivo presidido por Marga Prohens pasarían por crear la Oficina Lingüística, que tras la ruptura de los acuerdos de investidura el PP ha tumbado recientemente en el Parlament con una abstención.

En materia educativa, los populares también han rechazado en las últimas semanas el conocido como PIN parental. Cabe recordar que ambas medidas figuraban en la lista de acuerdos firmada por ambos partidos para investir a Prohens.

Fue el pasado 26 de septiembre cuando el PP balear tumbó con su abstención la creación de la oficina de defensa del español que pactó con Vox. Una decisión que estaba cantada después de que los de Santiago Abascal rompieran en julio el acuerdo programático con los populares en Baleares y el resto de gobiernos autonómicos.

El Parlament rechazó la creación de la denominada Oficina de Garantía Lingüística propuesta por Vox gracias a la abstención del PP que permitió aprobar parcialmente una proposición no de ley (PNL) de los independentistas de Més en contra de este ente público que precisamente  iba a presidir Vox.

Antes, el 24 de septiembre, el PP de Marga Prohens ya había tumbado en el pleno del Parlament la aplicación PIN parental en las aulas de Baleares que exigía Vox. Los populares votaron en contra de la propuesta por la que se exigía a todos los centros docentes «la obligatoriedad de informar con antelación de la realización de actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual en horario escolar, y a solicitar por escrito el consentimiento expreso previo de los padres para la asistencia de sus hijos a las mismas».

Al margen de estas cuestiones, Vox exige un rechazo «claro y explícito» a las políticas de reparto de inmigrantes irregulares que promueve el Ejecutivo central, que incluya «planes efectivos de retorno» de estas personas, dentro del margen que permitan las competencias autonómicas, así como recuperar las medidas de Vox que quedaron aparcadas tras su salida de los gobiernos en coalición.

Vox abandonó los ejecutivos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura y rompió el pacto de investidura en Baleares el pasado mes de julio después de que los gobiernos del PP aceptaran el reparto por comunidades de menores migrantes no acompañados en la Conferencia Sectorial de Infancia, un acuerdo que, no obstante, nunca se llevó a efecto porque estaba condicionado una reforma de la Ley de Extranjería que PP, Vox y Junts hicieron naufragar después en el Congreso.

Desde entonces Vox siempre ha avisado a los populares de que no podrían contar con ellos para aprobar Presupuestos si no rechazaban la política migratoria del Gobierno y este lunes, después de que el PP diera por rotas las negociaciones con el Ejecutivo central en esta materia, ha puesto negro sobre blanco sus condiciones en este sentido.

Tras una reunión de la dirección del partido con los portavoces de Vox en las distintas Cámaras autonómicas, el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, ha dado a conocer en rueda de prensa las líneas generales del documento que han pactado.

Fúster ha remarcado que Vox tiene «voluntad de negociar». «Vamos a negociar todo lo que, por supuesto, el PP quiera negociar», ha dicho, antes de exponer las premisas en las que los de Santiago Abascal quieren fijar esa negociación.

La primera condición es la reversión de las medidas de Vox «derogadas o congeladas» tras su salida de los gobiernos regionales, como las acordadas en materia lingüística en comunidades como Baleares o las destinadas a dejar sin efecto las conocidas como leyes de memoria.