El TC admite a trámite el recurso de Vox contra la ley de Armengol que elimina el español en la enseñanza

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 13/07/2022 19:17
  • Actualizado: 13/07/2022 20:05

El Constitucional examinará la legalidad de la ley de Armengol que elimina el español de las escuelas. Doce días después de que Vox presentara el recurso, el Alto Tribunal lo admite a trámite y estudiará la constitucionalidad de 15 artículos del nuevo marco legal educativo aprobado por el Parlament a instancias del Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, liderado por Francina Armengol.

El recurso contra la Ley 1/2022 de Educación de Islas Baleares fue formulado por la formación que en Baleares preside el diputado Jorge Campos al considerar que, además de discriminar lingüísticamente, pone en riesgo el sistema educativo por no proporcionar una enseñanza de calidad que evite las desigualdades, respete los derechos fundamentales y garantice la inclusión educativa de todo el alumnado.

Ahora el Constitucional tendrá que decidir si los artículos impugnados implantan en las aulas de los colegios de Baleares un adoctrinamiento ideológico privando al castellano de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza pública y concertada.

La normativa, a juicio de Vox, vulneraría el contenido primario de libertad de la enseñanza (artículo 27.2 de la Constitución) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación. Además imposibilita que el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios lo que supondrá a corto plazo la desaparición de los centros de educación especial.

Los magistrados, además del artículo que impone el catalán como única lengua vertebradora de la educación en las Islas, deberán determinar si como ha denunciado Vox la nueva ley de educación utiliza la ideología de género y la educación afectivo-sexual, no como transmisión de conocimientos sino como una postura ideológica sobre la cual va a ser evaluado el alumno.

Desde Vox el portavoz del Grupo Parlamentario en Baleares, Jorge Campos, valoró la admisión a trámite del recurso que a su juicio pone en evidencia que «Armengol y sus socios no son intocables».

«La Justicia debe parar sus desmanes y abusos. La izquierda y los separatistas creen que pueden obrar por encima de la Ley para excluir de la Educación al español e implantar el adoctrinamiento en las escuelas. Que el Tribunal Constitucional admita el recurso de VOX ya es una victoria, un paso importante en la lucha de los ciudadanos contra el sectarismo».

Campos ha advertido que «este es un aviso, es la primera vez que una ley de Baleares llega al Constitucional, un ejemplo de que el rodillo sectario de Armengol y sus socios comunistas y separatistas tiene los días contados. España sigue siendo un estado de derecho y, por mucho que les moleste que se judicialicen sus excesos, la Justicia actuará cuando se pisotea nuestro ordenamiento jurídico».

En otro orden de cosas, pero dentro del marco educativo de Baleares, la asociación de profesores PLIS ha criticado que entidades «hiper subvencionadas» por el Govern como STEI, Obra Cultural Balear (OCB) y Plataforma per la Llengua hayan sido admitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) como demandadas en el contencioso interpuesto por PLIS contra la Conselleria de Educación, para conseguir que los proyectos lingüísticos de todos los centros de Baleares incorporen el castellano como lengua vehicular en, al menos el 25% del horario lectivo, y en al menos una asignatura no lingüística troncal o de carácter análogo.

La entidad ha explicado que aunque no se opone a la ampliación de demandados, ha querido mostrar su «profundo desagrado» respecto a que se admita como demandadas a asociaciones contra las que no ha interpuesto recurso y que, gracias a las subvenciones de la administración balear y otras administraciones, disponen de recursos económicos de los que carece PLIS y actúan «de facto» como brazos políticos de la administración balear.