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Los socialistas exigen que el Ayuntamiento declare Palma ciudad acogedora de menas

"No es sólo una cuestión de justicia, sino imprescindible para construir una ciudad libre de discriminación"

Reclaman también "medidas específicas en materia de vivienda social y reforzar los servicios de acogida"

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

Los socialistas de Palma, con su secretario general, Iago Negueruela al frente, quieren que el Ayuntamiento declare la capital balear como ciudad acogedora de menas.

La formación que dirige la mano derecha y delfín de Francina Armengol aprobó en la última reunión de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma -celebrada el pasado lunes- una resolución «clave para defender una ciudad más justa, cohesionada y habitable frente a la deriva del gobierno municipal del PP y Vox», si bien los de Santiago Abascal no gobiernan con los populares en Palma.

Aunque la capital balear acoge a cientos de menas llegados en patera a Mallorca, ya que el Consell tiene bajo su tutela a más de 400, para los socialistas de Palma son pocos y por ello exigen que el Ayuntamiento que dirige el popular Jaime Martínez invierta más dinero en su cuidado y manutención apostando por una «ciudad cohesionada, inclusiva y justa».

«Instamos al Ayuntamiento a desplegar políticas decididas para combatir la marginalidad y abordar de forma estructural las condiciones materiales que sitúan a muchas personas en una situación de vulnerabilidad crónica».

Si bien el servicio de protección del Consell de Mallorca multiplica por 10 la capacidad ordinaria del sistema de acogida, la sobreocupación actual supone un coste anual de 20 millones de euros para las arcas de la institución insular y son miles los palmesanos excluidos del mercado inmobiliario por los altos precios del alquiler, los socialistas exigen al Ayuntamiento «medidas específicas en materia de vivienda social, reforzar los servicios de acogida y ampliar los programas de mediación intercultural y de orientación sociolaboral». Y todo ello con una finalidad, «garantizar los derechos sociales de las personas migradas».

«No es sólo una cuestión de justicia, sino una condición imprescindible para construir una ciudad verdaderamente integradora y libre de discriminación».

La resolución de doce puntos agradece en uno de ellos a los inmigrantes (no diferencia entre legales ni ilegales) «su contribución al desarrollo social, económico y cultural de nuestra ciudad, destacando su papel en sectores clave como la sanidad, los cuidados, el turismo, la agricultura, el emprendimiento y el sostenimiento del sistema público de pensiones y servicios sociales».

Pero, además de exigir toda clase de bienes, ayudas y prebendas para los inmigrantes legales e ilegales, en la propuesta del PSOE no podía faltar el ataque visceral y la descalificación exacerbada a las iniciativas de de PP y Vox en esta materia, hasta extremos grotescos en relación a los recientes disturbios de Torre Pacheco en Murcia.

«El hecho de que las personas de origen magrebí sean el primer objetivo de esta táctica fascista, sólo ilustra la evidente debilidad y visibilidad a la que están sometidos. En este sentido, una vez se normalice su persecución, basta con esperar para ver cómo irán a por el siguiente grupo (LGTBI, mujeres, etc.). El resultado final perseguido por estos discursos fascistas será la persecución de cualquier persona que piense diferente», sostiene la iniciativa defendida por el PSOE de Negueruela.

Por todo ello, para los socialistas es urgente enviar «un mensaje nítido ante la ambigüedad y banalización de los discursos del odio: aquí nadie sobra, aquí no hay personas ilegales. Porque el respeto a todas las personas no es una opción: es una obligación ética, jurídica y democrática».

Finalmente, reclaman al PP que se desmarque de Vox y de sus postulados xenófobos, «rompiendo sus alianzas en el Ayuntamiento de Palma» con quien no gobierna en coalición, pero sí tienen ambas formaciones un acuerdo programático.

Y en este sentido exigen el desarrollo de políticas para fomentar y fortalecer el trabajo comunitario, educativo y de sensibilización conjuntamente con las diferentes entidades en Palma, «para prevenir y combatir los discursos de odio, promoviendo una cultura de respeto y convivencia en los diferentes barrios de Palma». Por cierto, unas políticas que tampoco pusieron en marcha en los ocho años que gobernaron en la ciudad en barrios con alta presencia de inmigrantes como Pere Garau, Son Gotleu o La Soledad, entre otros.