Protección o control: la trampa de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de anunciar su intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. El argumento oficial es conocido: protección frente a la desinformación, los algoritmos, la polarización, la adicción y los riesgos para la salud mental. Nada que objetar al diagnóstico general. El problema no está en la finalidad declarada, sino en la contradicción profunda que esta medida revela dentro del propio modelo legislativo del Ejecutivo.

Porque el mismo Gobierno que sostiene ahora que un menor es jurídicamente incapaz de gestionar una cuenta en TikTok o Instagram, es el que hace apenas dos años aprobó una legislación que permite a esos mismos menores autodeterminar su sexo legal, iniciar procesos médicos de transición y adoptar decisiones de enorme impacto vital sin informes clínicos obligatorios ni evaluación psicológica previa.

La paradoja es tan evidente que resulta difícil sostenerla sin caer en el absurdo jurídico: el menor es considerado inmaduro para exponerse a contenidos digitales, pero plenamente maduro para redefinir su identidad civil, corporal y biográfica.

Desde cualquier teoría seria de la capacidad jurídica, esta inversión resulta insostenible. El Derecho clásico siempre ha operado bajo un principio elemental: a mayor trascendencia vital de una decisión, mayor exigencia de garantías, madurez y control. El modelo actual hace exactamente lo contrario: sobrerregula lo trivial y desregula lo existencial.

La consecuencia es un sistema incoherente en el que el Estado adopta dos discursos incompatibles sobre el mismo sujeto. En función del objetivo político, el menor es presentado alternativamente como víctima indefensa o como sujeto soberano. Incapaz cuando estorba, plenamente capaz cuando legitima la agenda ideológica.

Este uso selectivo del concepto de “interés superior del menor” no es casual. Se invoca cuando permite restringir libertades —acceso a redes, información, comunicación—, pero se diluye cuando serviría para introducir cautelas en ámbitos ideológicamente sensibles. No es un principio jurídico estable, sino una herramienta retórica adaptable a la conveniencia del poder.

Lo más preocupante no es la prohibición en sí, sino el patrón que revela: un modelo de paternalismo asimétrico, en el que el Estado protege únicamente aquello que afecta al control de la información, la formación de opinión y los espacios no estatales de socialización. La infancia se convierte así en una coartada perfecta para intervenir donde antes existía autonomía.

Ambas políticas —la restricción digital y la autodeterminación identitaria— comparten además un elemento estructural: el desplazamiento de la familia como núcleo decisorio. El menor deja de estar principalmente bajo tutela parental para pasar a estar bajo tutela directa del Estado. Ya no es la familia quien decide, orienta o protege, sino una arquitectura normativa centralizada que redefine qué es bueno, seguro y correcto.

En términos jurídicos, esto supone una auténtica estatización de la infancia. El menor deja de ser sujeto de protección familiar para convertirse en objeto de gestión política.

La prohibición de redes no es, por tanto, una simple política sanitaria o educativa. Afecta de lleno a derechos fundamentales: libertad de expresión, derecho a la información, participación pública, asociación digital. Pero se presenta bajo una etiqueta emocionalmente incontestable: “proteger a los niños”, que neutraliza cualquier debate crítico. Es el mismo esquema que ya hemos visto en otros ámbitos: cuando algo se declara peligroso —terrorismo, pandemia, odio— deja de ser un derecho y pasa a ser un riesgo que administrar. El ciudadano deja de ser titular de libertades y pasa a ser destinatario de permisos.

En este contexto, la gran incoherencia del modelo no es un error técnico. Es una característica del sistema. El menor sirve como legitimación moral de políticas de control que, en realidad, afectan a toda la sociedad. Porque hoy son los menores. Mañana serán los adultos “vulnerables”. Pasado mañana, cualquiera que no se ajuste al patrón de comportamiento considerado saludable, seguro o responsable por el poder.

No estamos ante una política de protección. Estamos ante una forma sofisticada de ingeniería social, en la que el Derecho se utiliza no para garantizar libertades, sino para reeducar conductas y dirigir procesos de socialización.

No cuela, no todos estamos ciegos, el Gobierno no está sobreprotegiendo a los menores. Está utilizándolos como coartada para ampliar su capacidad de intervención sobre la sociedad. No es una política por los niños. Es una política por el control y contra la libertad. Recuerden falló la operación Julio Iglesias, vamos ahora con los niños y las redes sociales.