Baleares aprueba la moción de Vox para acabar con la imposición del catalán y la marginación del español

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes la moción de Vox contra la imposición del catalán y la marginación del español. La iniciativa contiene el impulso de medidas para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública y se ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox, aunque con la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha tenido que ausentarse para acudir a una reunión.

Al mismo tiempo, el diputado de sa Unió, Llorenç Córdoba, se ha abstenido desmarcándose así del PP horas después de anunciar que se replantea el apoyo incondicional al Ejecutivo. La moción ha salido adelante con 32 votos a favor, 24 en contra y la abstención del diputado Córdoba.

Entre otros puntos, el texto reclama, en línea con lo contenido en los acuerdos de investidura, impulsar el desarrollo normativo correspondiente para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública. La moción pide también que en todo caso que se garanticen los derechos de los ciudadanos a dirigirse y ser respondidos en la Administración Pública empleando la lengua que deseen.

En el segundo punto, la moción insta al Govern a modificar las normas de rango reglamentario que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la Comunidad existen dos lenguas oficiales. Es uno de los punto más polémico de la iniciativa dado que la aplicación del mismo supondría la derogación de la Ley de Normalización Lingüística, y, en consecuencia, el Decreto de Mínimos, el que obliga a dar en catalán al menos el 50% de las clases. En ningún caso el PP defiende la eliminación de la mencionada ley a pesar de haber votado este martes a favor de la iniciativa de Vox.

La moción insiste en el tema de la libre elección de lengua en los mismos términos ya recogidos en el acuerdo de gobierno firmado por el PP y Vox que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta de Baleares.

Entre otros puntos de la moción contra la imposición del catalán, el texto reclama, en línea con lo contenido en los acuerdos de investidura, impulsar el desarrollo normativo correspondiente para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública, extremo que para Més per Mallorca supone la eliminación, no sólo del requisito sino del mérito.

Y otro punto y éste con el apoyo incondicional del PP: «El Parlament insta al Govern a garantizar el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a ser contestado en la lengua que deseen». Cabe recordar que en cumplimiento de la normativa aprobada por el pacto de izquierdas que presidía Armengol, las comunicaciones se realizaban exclusivamente en catalán.

Vox: «Queda mucho por hacer»

La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha celebrado la aprobación de la moción contra la imposición del catalán, aunque lo ha hecho recordando que «queda mucho por hacer» e insistiendo en que el PP necesita Vox para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. «Tenemos un acuerdo a cambio de que se lleven a cabo actuaciones en materia lingüística. Habrá más medidas», ha adelantado, volviendo a negar que se haya renunciado a la ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística.

«No por decir muchas veces que la Oficina va a perseguir el catalán va a ser verdad, igual que por mucho que se diga que Baleares es un país va a dejar de ser una región de España», ha afirmado en respuesta a la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon.

La nacionalista ha criticado que eliminar el catalán como requisito y mérito en la función pública es el tercer episodio de los ataques de Vox a la lengua «tras la segregación a cambio del techo de gasto y la oficina lingüística a cambio de los presupuestos».

Ramon ha calificado la oficina lingüística como «un chiringuito regado con 750.000 euros para perseguir personas, ayuntamientos, entidades y consejos escolares».

Por parte del PP, la portavoz adjunta, Marga Duran, ha garantizado que el derecho de los ciudadanos a dirigirse y ser contestado en la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas cooficiales siempre estará garantizado, aunque lo ha hecho recordando a Vox que el despliegue normativo no corresponde a los partidos. «Cumpliremos, no se preocupen, pero quien lo desarrolle será el Govern», ha concluido.

El PSIB ha votado en contra porque, en palabras del diputado Carles Bona, todos los puntos van en contra de la protección del catalán. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el PP esté «siendo cómplice de las obsesiones de Vox».