‘Operación Colocón’: activismo a cuenta del contribuyente

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. El presidente que concibe el poder como un cortijo personal ha decidido desplegar efectivos militares y recursos del Estado para rescatar a los integrantes de la llamada flotilla humanitaria, a la que por su improvisación, su fanatismo ideológico y su absoluta falta de sentido común bien podríamos rebautizar, sin miedo a equivocarnos, como la Operación Colocón.

El asunto encierra una gravedad institucional evidente. En plena crisis económica, con los precios disparados y una gestión de gobierno que naufraga entre escándalos y contradicciones, Sánchez vuelve a utilizar los fondos públicos y los medios del Estado como si fueran de su propiedad, moviendo los hilos de la maquinaria estatal en función de sus intereses personales y de su supervivencia política.

Enviar aviones militares y personal del Ejército para recoger a un grupo de activistas que desobedecieron las advertencias oficiales y se embarcaron por iniciativa propia en una travesía política hacia Gaza no es un gesto humanitario, sino una maniobra propagandística. No hay otra forma de describir un despliegue costoso, innecesario y claramente partidista que busca encubrir la incompetencia de un Ejecutivo desbordado por su propia mediocridad.

¿De verdad necesitaban las Fuerzas Armadas intervenir en un episodio que nada tenía que ver con la defensa nacional ni con una emergencia humanitaria real? ¿O se trataba de una nueva escenificación de Sánchez, siempre presto a fabricarse titulares que desvíen la atención de los problemas internos?

Mientras los españoles soportan esperas en la sanidad pública, sufren impuestos asfixiantes y ven cómo se encarecen los alimentos, el Gobierno despilfarra dinero y medios para rescatar a unos irresponsables que, lejos de representar a la sociedad española, simbolizan el sectarismo y el exhibicionismo ideológico que caracteriza al actual Ejecutivo y su rama más radical.

El coste de la operación -que nadie en Moncloa ha tenido el valor de detallar- puede superar fácilmente los 100.000 euros, entre combustible, logística y personal militar. Pero el verdadero gasto no es económico: es institucional y moral. Cada vez que Sánchez convierte los recursos públicos en instrumentos de autopromoción, erosiona la neutralidad de las instituciones y degrada la confianza ciudadana.

No es un hecho aislado. Forma parte de un patrón ya conocido. El sanchismo ha convertido el Estado en una prolongación del partido y el partido en una red clientelar que premia lealtades y encubre favores. Basta mirar su entorno: la sombra de los contratos de su mujer, las maniobras empresariales de su hermano, los escándalos judiciales que azotan a su círculo, el ataque constante al poder judicial, un fiscal general encausado o el uso descarado de la televisión pública como altavoz personal. Todo obedece a la misma lógica: el poder no se administra, se posee.

Esta operación militar, más que un gesto de responsabilidad es una cortina de humo. Un intento burdo de desviar el foco mediático de los auténticos problemas del país: la parálisis económica, la falta de rumbo, la división social e institucional y los escándalos que asedian al propio Gobierno.

Desde un punto de vista jurídico, no puede descartarse siquiera la posible malversación de caudales públicos, sin duda, se destinan fondos o medios públicos a fines distintos de los legalmente previstos. Porque el uso de aviones y personal militar para una acción sin cobertura legal, ni autorización parlamentaria, ni riesgo vital inminente para los implicados, constituye algo más que una decisión política: es una extralimitación de poder, un golpe de sanchismo.

Sánchez y los suyos actúan como si el Estado les perteneciera. Y lo más preocupante es que cada episodio como éste confirma su convicción de impunidad. Mientras sus votantes miran hacia otro lado y su aparato mediático maquilla los excesos, el país se desliza hacia una concepción patrimonial del poder, impropia de una democracia europea.

La Operación Colocón pasará, como tantos otros gestos vacíos, pero dejará tras de sí una evidencia incómoda: España no tiene un Gobierno que gestione, sino un régimen que se sirve del Estado para perpetuarse. Y cada avión militar que despega para salvar la imagen del presidente nos sale más caro, no sólo en euros, sino en dignidad democrática.

• Eduardo Luna es abogado penalista y doctor en Derecho Penal en la UIB.