Hablamos Español a Armengol: «Respete los derechos lingüísticos de los mallorquines»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 29/01/2022 14:06
  • Actualizado: 29/01/2022 14:26

La asociación Hablamos Español está realizando, en la céntrica calle Sant Miquel de Palma, una campaña de recogida de firmas para exigir el derecho de los alumnos a recibir al menos el 25% de las clases en castellano y que en la Administración balear se atienda en las dos lenguas oficiales. 

Tal y como explica uno de los portavoces e integrantes de este colectivo, Francisco Dalmau, la entidad que representa exige a la presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, «que respete los derechos lingüísticos de los mallorquines».  

«Recogemos firmas para que tanto en la sanidad balear, como en las diferentes oficinas de la Administración, se comunique con los ciudadanos en las dos lenguas oficiales, el español y el catalán, y que no se discrimine por razones lingüísticas a los mallorquines». 

En la misma línea, Dalmau precisa que estos días Hablamos Español está llevando a cabo una «campaña para reclamar el 25% de clases en castellano destinada a aquellos padres que quieran que sus hijos estudien en su lengua materna, como así ha sentenciado el Tribunal Supremo». 

Desde este colectivo, se insta a todos aquellos padres que quieran dar un paso adelante, a ponerse en contacto con la entidad. 

«Estamos organizando unas asociaciones de padres (APAS) con tres familias para poder reclamar en los colegios de Mallorca y Baleares, y hacer valer nuestros derechos con el fin de que se pueda aprender en español».

En el manifiesto que sirve de base a la recogida de firmas, la entidad denuncia que en las comunidades bilingües las personas que prefieren ser educadas o atendidas por los poderes públicos en español como lengua vehicular son discriminadas, en mayor o menor medida.

«Vulneración de derechos humanos»

Una situación que, según este colectivo con implantación en todo el territorio del Estado, afecta a estudiantes, trabajadores, creadores y supone una barrera a la movilidad geográfica, sobre todo para las familias con hijos en edad escolar. 

A este respecto recuerdan que sólo quienes pueden costear colegios privados logran escapar de esta discriminación y ni siquiera el alumnado con necesidades especiales se libra de esta imposición. 

Para esta entidad, la situación es tan crítica que «ha pasado de ser un problema de discriminación lingüística a convertirse en una vulneración de derechos humanos», poniendo el acento en que «las lenguas no deberían ser una cuestión politizada, ni un negocio, y ha llegado la hora de decir basta».

Por todo ello, instan a los diputados en el Congreso a promover la proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua, que pondría punto final a la discriminación de la que son objeto los niños y jóvenes en la enseñanza.