La guerra entre los concejales socialistas de Palma Adrover y García fulmina el plan de reforma policial
El alcalde socialista de Palma renuncia a la prometida reorganización de la caótica Policía Local
Los sindicatos de la Policía Local de Palma «engañados y estafados» por el alcalde socialista Hila
Los mandos de la Policía Local de Palma se embolsan millón y medio de euros en horas extra
La guerra interna entre los concejales socialistas del Ayuntamiento de Palma del área de Función Pública y Seguridad Ciudadana, Adrián García y Joana María Adrover, condenó y fulminó el plan de reordenación policial que esta última y el jefe de la Policía Local, José Luís Carque, venían negociando con los sindicatos toda la legislatura y que el alcalde, José Hila, había prometido.
Se trata de un proyecto de gestión policial que iba a poner orden a la situación caótica actual y que, entre otras cuestiones, extendía a toda la plantilla y en igualdad de condiciones el acceso a los denominados coeficientes correctores, eliminando la arbitrariedad y discriminación que hoy existe entre unas unidades y otras en la concesión de días de libranza pese a trabajar los agentes las mismas jornadas en horario nocturno, festivos y fines de semana.
De hecho, la concejala Adrover prometió a los sindicatos la primavera pasada que si aprobaban, como así hicieron, el plan de refuerzo estival, acabaría de inmediato con esta situación, compromiso que la edil no ha cumplido. Y no lo ha hecho, entre otras cosas, porque Adrover y Carque, negociaron con los sindicatos a espaldas de Adrián García, toda una serie de cuestiones en las que no tenían competencias.
Hay que recordar que lo primero que hizo la concejala Adrover en 2019 nada más aterrizar en el cuartel de San Fernando fue devolver las competencias en materia de recursos humanos del área de Seguridad Ciudadana (traslados, movilidad y hasta concursos y oposiciones de la Policía Local) a la de Función Pública, de forma que ella se encargaba sólo de la gestión del día a día del cuartel (vacaciones, cuadrantes, etcétera) mientras que Adrián García, como primer responsable de todos los funcionarios municipales, asumía el resto de situaciones (jubilaciones, ofertas de empleo o excedencias, entre otras cuestiones).
De ahí que los sindicatos en las innumerables reuniones mantenidas con el jefe de la policía Local, José Luís Carque, le insistieran a éste en la necesidad de que estuvieran presentes en esas negociaciones representantes del área de Adrián García, ya que su opinión era clave para que los asuntos a tratar llegaran a buen puerto. Sin embargo, la respuesta de Carque siempre fue la misma: él ya se ocuparía, asegurando que «le habían prometido» desde el departamento de García que «esto se aprobará».
A la hora de la verdad, nada más lejos de la realidad. De hecho el jefe de la Policía Local, en unos cursos de reciclaje del cuerpo policial, pasó de decir que se apostaba una paella a que se aprobaba el plan de reorganización policial a afirmar que «yo esto lo dejo listo, como legado, para que los que vengan detrás lo aprueben, porque ahora ya está en Función Pública».
En resumidas cuentas, Carque pasó de «vender humo» y de que tenía prometida su aprobación, a dar la responsabilidad y las culpas si no ocurría así, al área de Función Publica de Adrián García.
Un concejal al que Carque y Adrover acusan, entre otras cuestiones, de una total falta de diligencia para gestionar todo lo referente a las fallidas ofertas de empleo de la Policía Local, que han llevado al cuartel a una merma de efectivos más que preocupante teniendo en cuenta, además, que el alcalde Hila prometió en el arranque de la legislatura incorporar 100 nuevos policías, y no sólo no lo ha hecho, sino que a la conclusión de la misma, habrá perdido un centenar de agentes por su jubilación.
La condena del plan de reestructuración, que una vez presentado a García este calificó de «inviable» negándose a negociar un texto en cuya redacción no participó («no respondo de los compromisos de otros», le dijo a los sindicatos) vino acompañado de su negativa a extender al total de la plantilla de 730 agentes activos unos coeficientes correctores que en este momento premian a los agentes de unas unidades frente a otros, pese a desarrollar el mismo trabajo, discriminación que Adrover se había comprometido a arreglar.
Todo ello ha provocado un enfado mayúsculo en los sindicatos policiales, pero a su vez un desasosiego enorme en la plantilla, que confió en sus jefes y en quienes les representan en las mesas de negociación para, finalmente, ver frustradas sus esperanzas en una reorganización del maltrecho Cuerpo de la Policía Local de Palma.
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