El Govern de Armengol se lava las manos con los chiringuitos de Mallorca que ha obligado a cerrar

El Govern balear y representantes de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) se han reunido este jueves para abordar la problemática de las concesiones de los chiringuitos.

La consellera de Presidencia y Función Pública, la socialista Mercedes Garrido, se ha lavado las manos recordando que las competencias son del Gobierno central, concretamente de Demarcación de Costas, y que por ahora no tienen jurisdicción para solucionar las peticiones del gremio, aunque ha afirmando que «están trabajando para que sean traspasadas» al Ejecutivo balear.

El encuentro se ha producido tras la solicitud de ADOPUMA de reunirse con la presidenta Francina Armengol, quien ha delegado el asunto en Garrido, que esta mañana ha recibido al presidente y al portavoz de la entidad, Onofre Fornés y Jaume Perelló.

Los dueños y restauradores de chiringuitos de playa de Mallorca se unieron este verano y crearon la asociación principalmente para defender los derechos de los empresarios de este sector. Se sienten «perjudicados por la decisión de la Demarcación de Costas de Baleares de no autorizar determinadas instalaciones temporales en multitud de lugares de toda la comunidad, además de la demora en la tramitación de numerosos expedientes».

Los propietarios de estos locales próximos al mar denuncian que «las denegaciones se han debido a cambios de criterio por parte de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern». Por ende, exigen al Ejecutivo «más gestión y menos prohibición» y que «se mantenga la oferta complementaria de calidad» que brindan los chiringuitos.

Asimismo, los concesionarios de estos establecimientos a pie de playa confiesan sentir temor ante un posible cierre masivo de sus negocios en 2023. Si bien las competencias legislativas y medioambientales de las costas de las Islas pertenecen a día de hoy a Demarcación de Costas -órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- todo parece indicar que esto cambiará a finales del presente año, cuando las mismas sean transferidas y asumidas por el Ejecutivo autonómico.

La razón de esta permuta se debe al compromiso que la agrupación Més per Mallorca -que gobierna en coalición con PSOE y Podemos en el Govern- alcanzó en el Senado con el Gobierno de Pedro Sánchez, a cambio de que los independentistas apoyasen los presupuestos del Estado. Si esa transferencia se materializa en las fechas previstas (finales del 2022), las competencias y autorizaciones para el mantenimiento de estos históricos negocios de restauración a pie de playa pasarán a estar en manos del conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir (Més).

Cabe recordar que este año el departamento de Mir ha emitido más de una decena de informes desfavorables para el mantenimiento de otros tantos establecimientos, no autorizando su instalación y abocándolos al cierre. Una decisión acorde con la política turismofóbica que caracteriza y practica esta formación política

La consellera Garrido ha mostrado su satisfacción «a la hora de iniciar las relaciones con ADOPUMA porque es un sector económico importante para las Islas». «Es una primera toma de contacto e iremos trabajando con ellos, es la primera y no será la última», ha asegurado.

Se ha comprometido a ir trabajando «de manera conjunta» con la asociación para que «las tramitaciones administrativas y burocráticas se puedan agilizar al máximo». No en vano, ha recordado que en estos momentos la competencia de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre recae en el Gobierno de España, aunque «desde el Govern se está trabajando para que haya una trasferencia de la competencia a la Comunidad Autónoma».

Por su parte, el portavoz de ADOPUMA, Jaume Perelló, ha expresado su agradecimiento al Govern por este primer encuentro. «Estamos contentos de poder, al menos, trazar una línea de ruta y ponernos manos a la obra con el objetivo de minimizar los problemas que hemos tenido este verano y poder trabajar para agilizar las tramitaciones, de modo que no dependa de tantas administraciones y sea todo más ágil», ha explicado.

Sin embargo, Perelló ha recordado que «hay muchos afectados tanto en Ibiza como en Menorca», con los que asegura que se aliarán con el objetivo de unir fuerzas en busca de soluciones a la problemática que está sufriendo su sector. De hecho, ha insistido en la urgencia de resolver dichos problemas para que en la próxima temporada se pueda desarrollar su actividad «con normalidad».

«Indefensión jurídica»

El propio Perelló, que también es responsable del restaurante Can Gavella en Sa Caseta des Capellans, ha aprovechado para lamentar la «indefensión jurídica» a la que están sometidos los hosteleros de su gremio. En su caso particular, explica que los problemas empezaron el pasado año cuando terminó la concesión de su restaurante en Muro. «Lo que hicimos fue solicitar una nueva concesión y nos la denegaron alegando un cambio de criterios. Evidentemente, no teníamos ni idea de la existencia de estos cambios», ha señalado.

Acto seguido, Perelló ha cuestionado dicha denegación porque, según él, «está justificada a partir de una normativa existente del año 2013 (Ley de Costas) que otros años no habían aplicado». Ante esta situación, el empresario ha indicado que presentó alegaciones, aunque añade que éstas aún no han obtenido respuesta. «Solo nos dicen que no van a autorizar nada hasta que se resuelva el deslinde y tenemos que recordar que las últimas resoluciones de deslinde tardaron 10 años en resolverse», sentencia.

«Los abogados ven mala intención en todo lo que está ocurriendo y nos están haciendo. Ahora hemos presentado un recurso de alzada y vamos a presentar el proyecto para el año que viene pero, como no podía ser menos, nos dicen que hasta que no se resuelva el recurso de alzada no nos van a decir nada», manifiesta.