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El Govern balear del PP como Armengol: niega una petición para recibir el 25% de las clases en español

La Consejería de Educación rechaza la reclamación presentada por los padres de un alumno del Instituto de Calvià

Diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional reconocen el derecho a recibir enseñanza en español

Sorpresa en el sector educativo de Baleares al conocerse que el nuevo Govern del PP, que prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán, ha denegado a una familia la petición que había presentado para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en español. Con esta decisión, el  Govern sigue la estela del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol y avala que el Instituto de Calvià, donde estudia el alumno afectado, prosiga impartiendo el 100% de las clases en catalán.

El nuevo jefe de Inspección Educativa, Gabriel Timoner, no ha modificado  la línea del anterior pacto de izquierdas que lideraba la socialista Francina Armengol y ha rechazado la petición de una familia que reclama para su hijo enseñanza también en español.

Esta decisión vulnera las diversas sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional que establecen el derecho de las familias a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español. La denegación de estas peticiones fue la nota dominante durante la anterior legislatura del pacto de izquierdas: se rechazaron todas las reclamaciones presentadas para recibir enseñanza en español.

La sorpresa ha sido que el nuevo Govern del PP no haya todavía implantado el bilingüismo como ha prometido y como figura en el pacto firmado con Vox que condujo a la investidura de Marga Prohens como presidenta.

La asociación de profesores Plis Educación ya ha reaccionado a la decisión de la Conselleria de Educación. «Las dudas se están disipando: poco a poco el gobierno de Prohens, que pregona que defenderá la elección de lengua, va dando muestras de su verdadera intención en cuestión lingüística, que no es otra que blindar la inmersión obligatoria en catalán», afirma en un comunicado.

Fue el 27 de noviembre cuando tres familias de Calvià (Mallorca) solicitaron al consejero de Educación, Antoni Vera, que se atendiera el derecho de sus hijos a recibir clases en español en un 50% del horario lectivo, con un mínimo del 25% y en al menos una materia del ámbito científico o humanístico. El Govern ha respondido ahora de forma negativa la petición de la primera familia. Las otras dos todavía no han recibido respuesta.

Sentencias que obligan a dar al menos el 25% en español

Las familias que presentaron la reclamación se acogían en primer lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de abril de 2023, sobre la ley Celaá. Esta sentencia dicta que el español «debe estar presente como lengua vehicular según un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y que para que exista ese equilibrio o igualdad no debe reducirse a «una fórmula vacía, sino que se mantenga como derecho real y efectivo». En la misma sentencia se indica que este patrón de equilibrio e igualdad está fundamentado en sentencias anteriores del TC.

En segundo lugar, fundamentaban su petición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente en las sentencias 1668/2015 y 1670/2015  que, para modelos lingüísticos de conjunción lingüística, como son los de Baleares y Cataluña, establece «la presencia mínima del castellano como lengua vehicular (en el curso y clase en los que el alumno sigue sus estudios) en un 25% de las horas efectivamente lectivas, porcentaje en el que habrán de comprenderse no sólo la asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, sino cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

La asociación de profesores Plis prosigue así su comunicado: «Pues bien, a pesar de tan contundentes bases argumentativas, la actual Consejería de Educación prefiere, igual que su antecesor en la época del pacto, desoír al TC y al TS, negar el derecho a la familia y forzarla a gastar dinero y tiempo para contratar abogado y procurador y acudir al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Así es la lucha desigual del ciudadano que, con escasos recursos, tiene que pleitear contra una Administración que, con el dinero de todos los contribuyentes, posee ingentes recursos económicos y personales».

Quince familias esperan una resolución de la Justicia balear

Quince familias de Baleares esperan desde hace casi dos años que el Tribunal de Justicia de Baleares resuelva el contencioso que presentaron exigiendo el derecho de los hijos a recibir al menos el 25% de las clases en español. Son las quince demandas presentadas por medio de la asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear. El Govern de izquierdas que ha presidido hasta ahora la socialista Francina Armengol impuso que el 100% de las clases fueran en catalán y eliminó el español como lengua vehicular en la enseñanza.

A estas quince familias hay que sumar otras 90 que han iniciado el proceso contra la enseñanza 100% en catalán pero que todavía, por un motivo u otro, no han acudido a la Justicia. Entre ellas están las tres del Instituto de Calvià que han presentado la reclamación ante el Govern.

Tanto el presidente de Sociedad Civil Balear, Tomeu Berga, como la presidenta de la asociación de profesores Plis, Olga Ballester, han lamentado en varias ocasiones el retraso de la Justicia balear en resolver los contenciosos y reconocer el derecho de los padres a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español.  Afirman las dos entidades que no entienden la tardanza en dictar sentencia sobre un asunto tan simple y tan claro.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares tampoco ha resuelto la demanda presentada en diciembre de 2021 por la asociación Plis para instar al Govern a garantizar un mínimo del 25% de las clases en castellano en todos los centros de enseñanza de financiación pública de las Islas. La demanda fue admitida a trámite pero desde entonces nada se ha sabido de la misma.