Formentera aplaza la legalización de viviendas en suelo rústico por el rechazo de la izquierda

Formentera aplaza la legalización de viviendas en suelo rústico por el rechazo de la izquierda, dada la minoría del gobierno municipal de Sa Unió (PP y Compromís) en el pleno que impide, por ahora, su aprobación.

La negativa del ex presidente y conseller no adscrito Llorenç Córdoba a facilitar su aprobación ha impedido esta semana que saliera adelante la aplicación en la isla de la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024, que regula el procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en suelo rústico.

Una normativa autonómica para legalizar viviendas, casas y construcciones en suelo rústico cuyas irregularidades ya han prescrito, pero que no pueden ser demolidas por haberse superado los plazos legales, ni tienen un estatus legal reconocido, un proceso que ya está en marcha desde 2024 en Mallorca, Menorca e Ibiza.

El vicepresidente segundo, Javier Serra, lamentaba que la iniciativa no haya prosperado, especialmente después de que el equipo de gobierno hubiera aceptado las modificaciones propuestas por el conseller no adscrito ( ex Sa Unió) Llorenç. Córdoba, con el objetivo de facilitar un consenso.

«Hoy Formentera ha perdido una oportunidad para dar una respuesta ordenada, técnica y con garantías a situaciones que ya existen y que necesitan seguridad jurídica», ha afirmado Serra, quien ha remarcado que la propuesta «no abría ninguna puerta a nuevas construcciones, no era una legalización automática y no suponía ninguna carta blanca urbanística», sino que se trata de dar una solución a aquellos.

El conseller ha defendido que el objetivo de la iniciativa era «dar una salida a ciudadanos y familias que hace años que se encuentran en una situación de incertidumbre administrativa», siempre dentro del marco legal vigente y con condiciones específicas adaptadas a la realidad territorial de Formentera.

Serra ha recordado que el Consell proponía incorporar criterios propios para que cualquier posible legalización extraordinaria fuese acompañada de medidas de depuración de aguas residuales, eficiencia energética e hídrica, reducción de la contaminación lumínica, integración paisajística y cumplimiento de las condiciones estéticas del Plan Territorial de Formentera.

«Era una propuesta limitada y garantista. No se trataba de cambiar el modelo territorial de la isla, sino de ordenar mejor lo que ya existe y evitar que determinadas situaciones acaben generando más inseguridad, más degradación o más conflicto», señala Serra.

«Proponíamos exactamente eso: una herramienta legal, prudente y controlada para dar seguridad jurídica. «Cuesta entender que antes fuera razonable adaptarse a la realidad y hoy se quiera convertir esta misma idea en un problema», ha manifestado.

Pese al rechazo de la propuesta, el conseller ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá trabajando para encontrar fórmulas que permitan encontrar un consenso y dar respuesta a estas situaciones.

Por último, Serra ha insistido en que «Formentera necesita menos bloqueo y más soluciones». «El territorio se defiende también ordenando bien, poniendo condiciones, exigiendo garantías y dando respuestas serias a los problemas reales de la gente», zanja el conseller. De hecho, no todas las construcciones ilegales en rústico podían ser legalizadas.

Quedan excluidos los supuestos que marca la normativa, tales como edificaciones situadas en dominio público, zonas de protección de carreteras, servidumbres de costas, servidumbres del dominio público hidráulico, zonas inundables, actuaciones sujetas a expropiación, cesión obligatoria o derribo, entre otros. En el caso de Formentera, por ahora, seguirá al margen del resto de las islas.