Un empresario intenta sobornar a una directora del Gobierno balear con 20.000 euros en una caja de bombones

Una escena que parece sacada de una novela negra, pero con un toque casi grotesco: una elegante caja de bombones, aparentemente inocente, convertida en el epicentro de un escándalo político y judicial que ha hecho temblar los cimientos de la administración balear. Dentro, lejos de trufas o pralinés, se ocultaba un botín de 20.000 euros en efectivo. El objetivo: comprar voluntades.

La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Porto Cristo (Manacor), un hombre español de mediana edad, acusado de intentar sobornar a la directora general de Costas y Litoral del Govern balear, Maria Joaquina Ferrer. El episodio, que ya se conoce en ciertos círculos como el ‘caso bombones’, ha generado una mezcla de incredulidad e indignación.

Según fuentes cercanas a la investigación, el empresario se presentó semanas atrás en las oficinas de la conselleria en Palma con una actitud aparentemente cordial. En sus manos llevaba un obsequio: una caja de bombones cuidadosamente preparada. Pero el dulce gesto escondía una intención mucho más amarga. Junto al chocolate viajaba una suma considerable de dinero en metálico, presuntamente destinada a desbloquear unos permisos administrativos que afectaban directamente a sus negocios.

La reacción de la directora general fue inmediata y contundente. Lejos de caer en la tentación o entrar en negociaciones, optó por denunciar los hechos ante la Policía Nacional, activando así una investigación que ha acabado destapando uno de los intentos de cohecho más llamativos de los últimos tiempos en las islas.

El caso pasó rápidamente a manos del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, que comenzó a reconstruir cada paso del sospechoso. Con las pruebas ya sobre la mesa y el cerco estrechándose, el empresario, al ser conocedor de que había sido denunciado y que la Policía Nacional iba tras su rastro, decidió presentarse de forma voluntaria en la Jefatura Superior de Policía.

Su detención fue inevitable. Horas más tarde, en un furgón policial, era trasladado a los juzgados de Vía Alemania para comparecer ante la magistrada de guardia. El silencio fue su única estrategia: se acogió a su derecho a no declarar. Minutos después de las seis de la tarde, abandonaba el edificio judicial en libertad provisional, dejando tras de sí más preguntas que respuestas.

El hermetismo rodea ahora el caso. El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha decretado el secreto de las actuaciones, lo que no ha impedido que el escándalo se filtre y se expanda como la pólvora. ¿Qué permisos concretos pretendía conseguir el empresario? ¿Actuaba solo o hay más implicados en esta trama de favores y dinero oculto?

Mientras tanto, desde la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han querido destacar la «actuación ejemplar» de la directora general, subrayando su rapidez al denunciar los hechos y su firmeza ante una situación que podría haber tomado un rumbo muy distinto.

El contraste no puede ser más llamativo: lo que parecía un gesto amable, casi protocolario —una caja de bombones— se ha revelado como un símbolo de corrupción encubierta, un intento burdo de disfrazar un soborno con apariencia de cortesía. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas revelaciones. En los pasillos del poder balear, el eco de este episodio aún resuena con fuerza.