Los terrenos protegidos por los que el Govern de Armengol pagó 300 millones son ahora un vertedero

La coalición de gobierno en Baleares de socialistas, independentistas ecologistas de Més y Podemos, liderada por la socialista Francina Armengol, desclasifica urbanizaciones a medio ejecutar con dinero público del contribuyente por supuestos motivos medioambientales y luego abandona este suelo protegido a su suerte, para desgracia de los ayuntamientos, incapaces de hacerse cargo de su mantenimiento.

No es un caso aislado porque el abandono es palpable en la amplia red de urbanizables desclasificados hace una docena de años por el padrino político de la actual presidenta, el expresidente socialista Francesc Antich, que impulsó la polémica Ley 4/2008 de Medidas Urgentes para el Desarrollo Sostenible en Baleares. Al ampliar las áreas de especial protección de Mallorca, esta legislación permitió desclasificar las urbanizaciones de Monport o Cala Blanca, en Andratx, La Muleta en Sóller, Cala Marçal, Son Real, Alcanada, Cala Carbó, etcétera.

Unas recalificaciones que ya se han saldado en los juzgados con sentencias indemnizatorias, que por ahora suman 300 millones de euros a desembolsar por las arcas autonómicas y que, además, han venido acompañadas del abandono flagrante del Govern de este suelo protegido cuya situación de degradación es patente en todos los casos.

Calles a medio construir, zonas de servicio de agua y alcantarillado dejadas a su suerte y semiderruidas, aceras convertidas en pasto de la naturaleza, solares donde se acumulan resto de obras arrojados por desaprensivos en unos terrenos que en teoría fueron protegidos por su alto valor paisajístico, pero que en la práctica son las zonas de mayor degradación del entorno medioambiental en el que se ubican.

Y todo ello para desesperación de los ayuntamientos, incapaces de poner coto a este estado de cosas y hacer frente al mantenimiento de estos terrenos por falta de recursos. Aquella ley autonómica del hoy presidente de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), cuyo coste están pagando los contribuyentes de Baleares y que fue promulgada por un supuesto interés medio ambiental, ha convertido estos espacios protegidos en los mayores puntos negros medioambientales de Baleares.

Es decir, todo lo contrario de lo que en teoría el Govern pretendía con su protección, alegando que eran terrenos de un alto valor ecológico. En la práctica se han convertido en vertederos de basura al aire libre por la falta de atención de un Ejecutivo más preocupado en la propaganda que en la gestión del medio ambiente.