El Consell de Ibiza ordena demoler una vivienda ilegal y le impone una sanción de 675.000 euros
La casa, ubicada en zona ANEI y Red Natura 2000, ha sido ampliada sin disponer de licencia
Las obras se han acometido en una parcela de la Vénda de Dellà y se trata de edificaciones de nueva planta, un porche anexo, una piscina, edificaciones anexas y un cenador
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El Consell Executiu del Consell Insular de Ibiza ha resuelto ordenar la demolición de una vivienda y una edificación anexa ilegales situadas en zona protegida ANEI y Red Natura 2000 en el municipio de Sant Josep y que fueron objeto de reforma -más de 280 m²- y ampliación -más de 180 m²- sin disponer de licencia municipal de obras.
Según ha informado la institución en un comunicado, estas obras se han acometido en una parcela de la Vénda de Dellà, en la localidad ibicenca de Sant Josep, y entre las actuaciones que serán objeto de derribo se encuentran edificaciones de nueva planta, un porche anexo, una piscina, edificaciones anexas y un cenador.
El Consell detalla que todas estas intervenciones son «contrarias a la ordenación territorial y urbanística» y por tanto «manifiestamente ilegalizables». Ahora la propiedad tiene un plazo de seis meses para demoler todas estas construcciones ilegales.
En el caso de incumplimiento de la orden, los dueños se enfrentarán a la imposición de hasta 12 multas coercitivas por importe de 22.475,93 euros cada una, correspondiendo al 10% del valor de las obras ejecutadas. Si aun así, la propiedad no procediera al derribo, el Consell de Ibiza podrá ejecutar la demolición repercutiendo los gastos al infractor.
Además, se ha impuesto a la propietaria-promotora de las obras la sanción de 674.277,87 euros por una infracción muy grave por la ejecución de obras sin su licencia correspondiente.
La institución insular explica que durante esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda a Cala d’Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipo yurta en ANEI y una instalación en costas) y ha remitido a la Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido.
Finalmente, desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que además de la correspondiente sanción, estos hechos pueden conllevar penas de hasta cuatro años de prisión.
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