Comerciantes de las Galerías de la Plaza Mayor demandarán al Ayuntamiento por su «injustificado» cierre

El Ayuntamiento de Palma cerró las Galerías de la Plaza Mayor en septiembre de 2019 al dejar caducar su concesión. Durante esta legislatura, el equipo de gobierno de socialistas, podemitas e independentistas de Més, liderado por el alcalde José Hila, no ha hecho nada para recuperar este céntrico espacio comercial de la capital balear y ha dejado en papel mojado los debates y concursos de ideas sobre su futuro.

Hartos de esta situación, los comerciantes de estas Galerías han anunciado que interpondrán «de manera inmediata» una demanda contra el Consistorio palmesano por el «injustificado» cierre de la zona comercial, que ha afectado a 25 locales privados.

El representante de estos empresarios y a su vez cotitular de uno de los locales, el abogado Bernat Feliu, ha asegurado que en la demanda se reclamarán «varios centenares de miles de euros por el lucro cesante producido por la inactividad».

Además, ha criticado que Cort les ha «ignorado olímpicamente» sin preguntarles o tener en cuenta sus proyectos. «Lo más inaudito es que durante todos estos años el Ayuntamiento de Palma ha ignorado olímpicamente a la comunidad de propietarios, cuando somos el interlocutor más importante, porque si no se ponen de acuerdo con nosotros, no se puede hacer nada en absoluto», ha explicado en declaraciones que recoge la agencia Europa Press.

El 70% de los locales de las Galerías de la Plaza Mayor son de titularidad municipal, pero el Consistorio debe contar con la comunidad de propietarios, que atesora el otro 30%, para acordar y poner en marcha cualquier proyecto.

Por ello, los comerciantes han exigido al Ayuntamiento de Palma responsabilidad patrimonial por su inactividad «inexplicable e injustificable durante tantos años» y han lamentado la mala imagen que da a los turistas el estado de abandono en el que se encuentran estas galerías ubicadas en el centro de la ciudad.

Por último, han apuntado que en esta zona comercial podría haber entre 150 y 200 personas trabajando y han informado de la elaboración de un informe de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que aseguran que «avalará con más garantías el éxito de la demanda que van a interponer».