Arrancan las obras de vallado del conflictivo parque Wi-fi, cinco años después de aprobarlo el pleno

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 20/10/2021 14:48
  • Actualizado: 20/10/2021 14:48

Cinco años después de que el pleno del Ayuntamiento de Palma aprobara el vallado del conflictivo parque Wi-fi, situado en la calle Manuel Azaña en el barrio de Nou Llevant y frente a la Comandancia de la Guardia Civil, el gobierno municipal se pone manos a la obra. El primer acuerdo plenario tuvo lugar en 2016 y el más reciente, en 2020.

Pero no ha sido hasta esta semana cuando se han iniciado unos trabajos que forman parte del plan renove de parques del área de Infraestructuras y Accesibilidad, que llevará a cabo allí una reforma integral de este espacio, que quedará delimitado por un cierre perimetral. 

Hasta ahora, el vallado del mismo era bastante deficiente y la zona permanecía abierta por las noches, siendo uno de los puntos más conflictivos del barrio. En un comunicado, la concejala socialista Ángelica Pastor detalló el plan de actuación que se realizará en este espacio, que contempla el trazado de nuevos caminos para peatones, que lo unirán con el parque situado sobre el aparcamiento de la calle Manacor; nueva red de riego y arbolado, construcción de un nuevo skate; dotación de mesas de juego de ajedrez y ping pong, fuentes, la reforma integral de la actual pista de petanca y la creación de espacios de sombra.

Las obras de reurbanización iniciadas estos días, obligarán a cerrar hasta finales de noviembre el acceso a las pistas de petanca, el área de pipi can y el campo de fútbol.

La última propuesta para el vallado de este espacio, partió de la formación Vox y fue aprobada por unanimidad el 24 de septiembre de 2020 a raíz de los numerosos altercados que se habían vivido ese verano. A raíz de la conflictividad reciente, los vecinos registraron en el Ayuntamiento de Palma una denuncia respaldada con la firma de casi 400 residentes de la zona, en la que denunciaban el infierno que estaban sufriendo con ruidos y  peleas continuas que obligaban a muchos de ellos a evitar transitar por allí por miedo a ser agredidos, robados o insultados.

Entre otras medidas, los vecinos exigían presencia policial intensiva en la zona para impedir el consumo de estupefacientes y la realización de botellones.

También proponían inspecciones documentales y sanitarias a lo locales próximos que venden alcohol a altas horas, donde se están incumpliendo las medidas de higiene y se sospecha que se suministra alcohol a menores, o realizar sonometrías ante la evidente contaminación acústica que se produce cada noche por los escándalos en la vía pública y aparatos de música de alta potencia.