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la imposición del catalán

Armengol sigue los pasos de Cataluña y ningún colegio público de Baleares aplicará el 25% en español

El Govern balear del pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol sigue los pasos de Cataluña y en este curso escolar ningún centro público de las Islas aplicará el 25% en castellano. Incumplirán así las diversas sentencias del Tribunal Supremo de aplicación en toda España, que obligan a considerar el español como lengua vehicular y que imponen la enseñanza en castellano en al menos el 25% de las asignaturas troncales.

A las puertas del inicio del curso, que en Baleares arranca el 12 de septiembre, varios centros educativos han renovado sus proyectos lingüísticos y en todos los casos se mantiene la inmersión en catalán. Los centros que no han tenido necesidad de renovar sus proyectos, este año también aplican en su totalidad la inmersión lingüística con la bendición del Ejecutivo de Francina Armengol, que tiene como conseller de Educación al también socialista Martí March.

El Tribunal Supremo sentenció que el 25% de las clases en Cataluña deben ofrecerse obligatoriamente en castellano. Era una sentencia que corroboraba una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que en diciembre de 2020 impuso este porcentaje mínimo como obligatorio en los colegios e institutos catalanes. Las sentencias del Tribunal Supremo, aparte de crear jurisprudencia, son de aplicación en toda España. Aun así, tanto las aulas de Cataluña como las de Baleares mantienen la inmersión lingüística en catalán.

Desde la Conselleria de Educación se ha informado de que este curso escolar no hay ningún cambio en cuanto a los proyectos lingüísticos de los centros docentes de la red pública, lo que se traduce en el mantenimiento de la inmersión en catalán en todos ellos, como sucede en Cataluña.

Además, en Baleares la inmersión lingüística en catalán se ve avalada por la Ley de Educación aprobada por el Parlament de las Islas en febrero de este año. En el último momento, y ante las protestas de la oposición formada por PP, Vox y Ciudadanos, el pacto de izquierdas modificó el texto inicial de la ley para eliminar el español como lengua vehicular en la enseñanza. Además, la ley balear permite a los directores de los centros docentes elegir el modelo lingüístico sin ninguna imposición y en todos los caso la decisión ha sido aplicar la inmersión en catalán.

El PSOE de Armengol eliminó el castellano como lengua vehicular por las presiones de sus socios independentistas de la formación Més, que habían amenazado con no dar apoyo a la Ley de Educación.

La Asociación de Profesores PLIS viene denunciado desde hace meses que el Ejecutivo balear incumple la ley y que vulnera los derechos de las familias al imponer el 100% de la enseñanza en catalán. «Es sorprendente e inadmisible que sean los propios gobernantes los que incumplan la ley y actúen contra los derechos de los ciudadanos», ha manifestado a este medio Olga Ballester, presidenta de PLIS

Denuncias de familias

Ante el incumplimiento de la legislación sobre la obligación de ofrecer al menos el 25% de la enseñanza en español, un centenar de familias ya se ha sumado a la iniciativa lanzada por varias entidades constitucionalistas en Baleares para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas.  Denuncian al Govern de Armengol por ofrecer el 100% de la enseñanza en catalán en todos los centros públicos. En la demanda también exigen el cumplimiento de las diversas sentencias del Supremo y el Constitucional que obligan a impartir al menos el 25% de las horas lectivas en español.

La campaña para exigir clases en español la desarrollan de forma conjunta Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores PLIS. Durante el pasado curso escolar estas entidades ofrecieron información a los padres de los alumnos en las puertas de los institutos y les facilitaron los trámites para denunciar la inmersión lingüística en catalán.

Hasta ahora la estrategia era presentar el contencioso de forma individual y de hecho ya se han entregado cuatro en el TSJB, que se suman a la primera de todas que la presentó la entidad Hablamos Español en nombre de Salvador Iglesias, el padre de una alumna de instituto con dificultades para estudiar sólo en catalán.

Tomeu Berga, presidente de Sociedad Civil Balear, explicaba recientemente a este medio que ahora se ha pensado que sería más efectivo presentar una demanda conjunta ante el TSJB. De momento, unas cien familias ya han cumplimentado en parte los trámites para suscribir la denuncia y de ellas medio centenar ya han firmado la demanda que se presentará formalmente en septiembre y cuando los interesados, algunos ahora de vacaciones, estampen su rúbrica.

Este mismo martes Sociedad Civil Balear y la asociación de profesores PLIS celebran una reunión para concretar la estrategia a seguir contra la imposición del catalán y para gestionar nuevas denuncias de familias ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.