Armengol busca fórmulas para prohibir la compra de viviendas a extranjeros en Baleares

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, busca fórmulas para prohibir la compra de viviendas a extranjeros en Baleares. Así lo ha confirmado en el pleno del Parlament en respuesta al portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells.

La mandataria balear ha explicado que pese a que la UE no permite tratar de forma distinta a los ciudadanos europeos, su gobierno autonómico lleva tiempo trabajando con la Universitat de les Illes Baleares y el Ejecutivo central «para encontrar las singularidades de esta comunidad y poder plantear que Baleares se acoja al estatuto de las islas pobladas».

Armengol ha insistido en que la política de vivienda «es una prioridad» de su Govern desde 2015, si bien hay que recordar que no ha construido ni la tercera parte de las viviendas sociales que prometió en estas dos legislaturas. Entregará como máximo 470 VPO de las 1.800 anunciadas.

La presidenta atribuye el grave problema del acceso a la vivienda que sufren los residentes baleares al precio del suelo y la subida de los precios del mercado inmobiliario: «Muchos ciudadanos de otros países europeos y de fuera de la Unión Europea tienen la posibilidad de comprar viviendas a precios que para la ciudadanía de estas islas resulta imposible», ha manifestado y recoge Europa Press

Armengol ha confiado en que «las cosas se pueden cambiar, si se trabaja seriamente». Por ello, ha señalado que «el Govern seguirá trabajando para encontrar aquellas singularidades propias de Baleares para que se trate distinto a los que son distintos».

Mientras el Pacto de izquierdas que gobierna en las Islas, integrado por PSOE, independentistas de Més y Podemos, está impulsando este debate para restringir la compra de viviendas a no residentes, el PSIB-PSOE ha vendido este año la sede de los socialistas en el municipio mallorquín de Alaró a un ciudadano alemán por 350.000 euros.

Una operación inmobiliaria abanderada por la dirección balear del partido en la capital balear, que ha tardado casi dos años en materializarse y que ha sido vendida por 125.000 euros menos de lo que inicialmente pretendían los socialistas de Baleares, 475.000 euros.

La propuesta de prohibir la compra de viviendas a ciudadanos extranjeros se ha topado con el rechazo absoluto de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), que recuerda que «va contra un derecho fundamental de la Unión Europea. Todo ciudadano de la UE tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

ABINI no cree que sea una medida correcta para desatascar y facilitar el acceso a la vivienda y plantea otras como promover la rebaja fiscal a propietarios privados que se adhieran a programas de alquiler social, fomentar la vivienda de promoción oficial en colaboración con la empresa privada o liberalizar el suelo.