Caso Varadero

Afectados por la corrupción del Govern de Armengol registran su asociación para defender sus intereses

La han creado trabajadores y empresarios del sector náutico que se sienten agraviados por el Govern

El Juzgado de Instrucción número 10 inicia las diligencias y toma declaración al gerente del Grupo Fabkina

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Armengol catalán
La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol.

Trabajadores y empresarios del sector náutico han registrado oficialmente en la Conselleria de Presidencia la asociación de afectados por la corrupción del Govern que preside la socialista Francina Armengol y que ha desvelado OKDIARIO. El nombre de la entidad es Asociación de Afectados por la Corrupción en el Varadero de Palma y su principal objetivo es «defender la libre competencia de empresas y particulares en el ámbito de la náutica balear y apoyar a las entidades, empresas y particulares que promuevan la transparencia y la mejora del sector náutico balear».

La asociación la han creado empresarios y trabajadores del sector náutico que se sienten agraviados por la presunta corrupción en el Govern balear del pacto de izquierdas. La iniciativa ha surgido de los propios trabajadores del Grupo Fabkina que, como ha ido contando este medio, denuncian supuestos delitos de corrupción relacionados con el trato de favor del Govern de Armengol a determinadas empresas que trabajan en el Puerto de Palma.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma ya ha abierto diligencias de investigación por la falsificación de un documento público que afectan directamente al número 2 de la Conselleria de Energía e Industria que preside el juez de Podemos en excedencia, y vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha dictado un auto en el que señala como denunciado al director general de Industria, Antonio Morro, por un supuesto delito de falsificación de documento público relacionado con el denominado caso Varadero. En el marco de estas diligencias ya ha prestado declaración el consejero delegado del Grupo Fabkina Julio Pezzolano en calidad de denunciante.

Pezzolano es también el presidente de la Asociación de Afectados por la Corrupción mientras el vicepresidente es el abogado Juan Cerdó.

Según explica Julio Pezzolano, su empresa lucha desde el año 2016 para que el Govern obligue a cumplir la normativa sobre seguridad laboral y protección del medio ambiente en el Varadero de Palma. Explica Pezzolano que el incumplimiento de esta normativa por determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en las Islas perjudica al Grupo Fabkina, una empresa puntera en el mantenimiento y pintado de yates que trabaja en muchos puertos de España y Europa pero que no puede ejercer su labor en Palma, donde tiene la sede social.

Forman la asociación prácticamente todos los trabajadores del Grupo Fabkina, incluidos los ingenieros y técnicos especialistas, así como sus familiares y trabajadores de otras empresas del sector que también se ven perjudicados por el trato de favor del Govern de Armengol al cluster del sector náutico.

Como ha ido contando OKDIARIO, el Grupo Fabkina denunció las irregularidades que cometían empresas del sector náutico que trabajan en el Varadero de Palma. El Govern abrió los correspondientes expedientes pero los archivó sin llegar a tramitarlos. Fue en este momento cuando el Grupo Fabkina acudió a los juzgados.

Lo que sucedió luego es que el Govern de Armengol falsificó en 2020 un documento público para frenar la investigación judicial a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas. Este documento falsificado sirvió también para archivar los expedientes que el propio Ejecutivo balear se vio obligado a abrir a las empresas náuticas tras recibir la denuncia por infracciones graves a la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras irregularidades.

Ahora se sabe que las empresas denunciadas no sólo fueron protegidas por el Govern de fuertes sanciones y de una investigación judicial, sino que además las estaba subvencionando dentro de su proyecto para promocionar en el exterior el sector náutico de Baleares.

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