Abini rechaza el impuesto de Sánchez a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (Abini) ha expresado su rechazo al nuevo impuesto anunciado por el Gobierno central que grava la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes y extracomunitarios.

Según un comunicado de la asociación, han considerado que se trata de una medida «arbitraria, discriminatoria y perjudicial para la economía balear», ya que afecta directamente a compradores internacionales que, en muchos casos, residen, trabajan o se establecen de forma estable en las islas. «Estos compradores contribuyen al dinamismo económico, a la generación de empleo y al consumo local», han subrayado.

El presidente de Abini, Daniel Arenas, ha señalado que el impuesto penaliza un modelo económico consolidado en Baleares y envía «un mensaje hostil» a quienes eligen las Islas para vivir e integrarse.

La asociación ha criticado que la medida no haya sido cedida a las comunidades autónomas, lo que impide adaptar su aplicación a la realidad territorial y limita opciones de flexibilización o compensación fiscal en contextos como el balear, donde, según han señalado, la presencia internacional no es solo turística, sino también residencial y laboral.

Asimismo, han manifestado que no existen datos que vinculen directamente la compra de vivienda por parte de extranjeros con el incremento generalizado de precios. En su lugar, apunta a otros factores como la escasez de oferta, la lentitud administrativa, la falta de suelo urbanizable o el aumento de los costes de construcción.

La asociación ha afirmado que «señalar al comprador extranjero como culpable de la crisis de acceso a la vivienda es tan simplista como injusto» y han considerado que esta medida elude abordar reformas estructurales necesarias.

Abini ha anunciado que solicitará la revisión urgente del artículo del proyecto de ley en cuestión y que iniciará contactos con representantes parlamentarios, instituciones baleares y agentes económicos para exigir su retirada.