ABINI desenmascara a Podemos: «Mienten al decir que en Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas»

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) ha arremetido durante contra Podemos, al que acusar de mentir cuando afirma que en Baleares hay 500 personas con más de 50 viviendas a su nombre».

Su presidente, Hans Lenz, asegura en un comunicado que se trata de un anuncio «tendencioso que lo único que busca es generar malestar y avivar el problema del acceso a la vivienda para sacar un rédito electoral».

Desde esta asociación explican que la estadística pública del catastro arroja que hay 493 titulares con más de 50 inmuebles urbanos, que, además de viviendas, incluye locales, trasteros, plazas de aparcamiento, etc. «Cualquier promotor que haya hecho un edificio de pisos y practique una división horizontal también saldrá incluido en ese cómputo. No se trata de 50 viviendas, sino que tienen cabida todo tipo de inmuebles con distinto uso, por lo que la afirmación es un engaño», apostillan.

Asimismo, ABINI denuncia que la formación morada utiliza datos no contrastados, como la subida del precio de la vivienda -que Podemos sitúa en un 75%-, alejados de los registros oficiales. También critica que este partido atribuya el incremento de los precios a la compra de suelo por parte de ciudadanos extranjeros, cuando, a su juicio, las «continuadas limitaciones y eliminaciones de suelo edificable por parte del Govern que preside Francina Armengol han provocado la mayor especulación inmobiliaria jamás vista en Baleares».

Por otro lado, la patronal asegura que el Pacte sigue ignorando las cifras de crecimiento de población que anuncia el INE -prevé que las Islas crezcan en 306.000 personas hasta 2037- y no las contempla en sus planeamientos urbanísticos. «Es una auténtica irresponsabilidad seguir ordenando el urbanismo y la vivienda de esta manera», advierte Hans Lenz.

«Tampoco se ha hecho nada para adaptar el sistema urbanístico, tipologías, densidades, alturas, usos flexibles o establecer un cambio de uso para edificios obsoletos. Basta mirar la ciudad de Palma, que se ahoga por falta de vivienda, mientras una gran cantidad de locales comerciales permanecen vacíos. Y el nuevo Plan General todavía saca 700.000 m2 más de superficie de uso comercial», lamentan desde ABINI.

Sostienen que la «criminalización» de las personas o sociedades que impulsan viviendas para el alquiler y la limitación de la compra de propiedades a no residentes no van a suponer una solución al problema del acceso a la vivienda. Al contrario, señalan que «sin un marco de seguridad jurídica, la inversión se está desplomando y no se generan las viviendas que necesita la población residente en Baleares».

Pequeños ahorradores que están asustados

Además, ABINI hace hincapié en que la mayoría de las viviendas en alquiler en las Islas pertenecen a pequeños ahorradores, que «están asustados y que preferirán retirarlas del mercado antes que ser víctimas de leyes arbitrarias e intervencionistas, que no les protegen ni les ayudan a la hora de desokupar sus casas».

La patronal cree que estas políticas impulsadas por Podemos «sólo buscan rédito electoral, no respetan la propiedad privada, ni las leyes estatales y europeas y ponen en riesgo un modelo de convivencia que ha perdurado durante muchas décadas en Baleares».

Han Lenz lamenta que la escasez de vivienda asequible se esté utilizando como «arma arrojadiza con fines partidistas», en vez de sentarse a trabajar con el sector, y deja claro que la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos, que ha gobernado las últimas dos legislaturas, es «directamente responsable de la falta de vivienda y el aumento de precios».

«Denominar la situación actual como urbanismo desbocado o salvaje y negar que las limitaciones y restricciones impulsadas por el Govern balear no tienen efecto sobre el precio de la vivienda es sencillamente negar una clamorosa realidad», sentencian desde ABINI.

La patronal vuelve a poner sobre la mesa que más de la mitad de los ingresos del Ejecutivo autonómico dependen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales generado por la compraventa de inmuebles. Según los datos oficiales, 812,28 millones de euros han entrado en 2022 para financiar las arcas públicas, servicios sociales y toda la infraestructura que necesitan nuestras islas. «Lamentamos que no se dedique ni un 1% de este impuesto a establecer un análisis y políticas de viviendas coherentes», apuntan.

Finalmente, ABINI insiste en exigir un pacto entre todos los partidos para «actuar en un plan de vivienda para Baleares a 20 años, dejando las agendas electoralistas de lado».